#Claves de la semana

Abogados y procuradores del turno de oficio prometen "endurecer la huelga" para sacarla del bloqueo en 2025

Tras más de un año de paro, con miles de juicios suspendidos y tras las amenazas y sanciones contra los profesionales del turno de oficio, los huelguistas redoblan su apuesta en el inicio del año.


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Foto: Galiciapress

 

Los abogados y procuradores del turno de oficio terminaron 2024 igual que lo empezaron: en huelga. El paro en el sector cumplió el pasado mes de noviembre un año de vigencia y se ha convertido en una verdadera guerra de trincheras, sin apenas cambios en las posiciones y con todos los actores implicados tratando de conquistar un terreno que por ahora no ha variado ni un solo centímetro. En este contexto, y pese a los muchos episodios que se han sucedido a lo largo del pasado año, desde el Sindicato Venia y en el resto de organizaciones que defienden la huelga, se han propuesto que 2025 sea, por fin, el año decisivo en la lucha de los profesionales de este servicio público que garantiza un derecho fundamental como es el de la asistencia gratuita.

 

 

MUCHAS PUERTAS CERRADAS 

Para lograr su objetivo, después de miles de juicios suspendidos a lo largo del último año, de renuncias masivas entre los abogados adscritos al servicio, de cientos de protestas por todo el Estado, de amenazas y sanciones contra los huelguistas y de la pasividad de las administraciones públicas, reacias a sentarse a dialogar con el colectivo, desde el turno de oficio han acordado redoblar su apuesta y blindar su derecho al paro ante el miedo de injerencias externas. 

 

 

Mejoras laborales, como el derecho a la baja, mejoras salariales, con mejores retribuciones, o una jubilación digna, con la solución a todos los mutualistas atrapados sin una pasarela al RETA, son algunas de las demandas del sector, que se ha mostrado especialmente crítico durante este tiempo con los Ilustres Colegios de Abogados y sus Juntas de Gobierno por aliarse con las administraciones públicas en lugar que con sus colegiados. 

 

Esas reclamaciones han caído hasta la fecha en saco roto, en parte por la negativa de responsables como el conselleíro de Xustiza de la Xunta, Diego Calvo, a reunirse con el sindicato que abandera las movilizaciones, aunque esta es una batalla que interpela a distintas administraciones públicas -algunas Comunidades Autónomas, como Galicia, tiene las competencias en materia de Justicia, mientras que otras dependen del Ministerio de Justicia, que lidera Félix Bolaños- y a diferentes carteras, donde las posturas del Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Hacienda serán claves para regular las condiciones del colectivo a través de un Estatuto Jurídico y conceder las mejoras salariales que exigen. 

 

 

 

“FOMENTAR EL RESPETO A NUESTRA CONCILIACIÓN”

En este contexto, los togados anuncian que la huelga será más dura en este inicio de 2025. Fuentes de Venia indican a este diario que el acuerdo en el colectivo es el de “endurecer la huelga” y ahora mismo están trabajando en el listado de medidas que se aplicarán para hacer notar esta radicalización del sector.

 

“Vamos a mantener todas las medidas de huelga y, si cabe, con mayor esfuerzo y potencia, tanto en Galicia como en el resto de España”, anuncian desde el sindicato, donde también adelantan que se van a “implementar una serie de medidas en los juzgados complementarias a la huelga”. 

 

Se trata en todo caso de acciones “totalmente legales y con plena garantía para los compañeros” que persiguen “fomentar el respeto a nuestra conciliación personal y laboral como profesionales respecto a los tiempos de espera en los juzgados y la garantía de total seguridad en las vistas que requieran de personal específico para garantizar esa integridad y seguridad jurídica y que quizá no se estaba respetando, aunque la ley así lo prevé”.

 

 

Hasta ahora, apuntan, se daban situaciones en las que esto se “obviaba” sin contar con la presencia del Letrado de la Administración, por lo que ahora “se va a requerir que se conceda esta seguridad jurídica”, atendiendo especialmente a medidas que pretenden “el respeto y la dignidad de la profesión”. 

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