Inés Salteiro: "Hay 28.000 niños gallegos que viven con carencias severas, necesitan más ayudas directas"

La Plataforma de Organizaciones de Infancia de Galicia está formada por casi 40 entidades que luchan por incrementar el bienestar de los menores, en especial los viven en situaciones de riesgo, y combatir la vulneración de sus derechos.

La Plataforma estima que no hay suficientes técnicos para hacer el seguimiento a los menores tutelados en Galicia. ¿Cuánto personal tiene la Xunta dedicado a tal labor?

Nos consta que el número de técnicos/as del servicio de protección a la infancia de la Xunta en cada provincia es insuficiente, existiendo de un número excesivo de expedientes por cada técnico/a; 80 de media aproximada en varias provincias, cuando la ratio para una intervención de calidad debería situarse en el entorno de los 15 expedientes por técnico/a, en línea con el que sucede en otras comunidades autónomas.

¿Qué consecuencias tiene ésto sobre los menores?

Una saturación del personal técnico, de forma que no pueden ofrecer un seguimiento de calidad a los casos de niños, niñas y adolescentes tutelados por la administración. Además, los equipos carecen de estabilidad y de especialización, una situación que provoca que en muchas ocasiones el personal técnico encargado de cada caso no conozca bien a los niños y niñas ni sus circunstancias.

¿Cuántos estiman que serían necesarios, como mínimo? 

Por esto, solicitamos incrementar el personal de los equipos técnicos del sistema de protección a la infancia de la Xunta de tal manera que la ratio sea de al menos de 1 técnico/a por cara 30 niños/as atendidos/as, mejorando las condiciones laborales de estos equipos con medidas que eviten la rotación del personal. 

Tras sus quejas por la saturación del sistema, la Xunta ha tomado alguna medida o se ha puesto en contacto con ustedes para intentar buscar soluciones?
Una de las medidas que nos comunicaron es el incremento de un equipo técnico en Vigo, con la posibilidad de que en un futuro se incremente en A Coruña. Aun así, este incremento seguiría siendo insuficiente para una atención de calidad a los niños, niñas y adolescentes del sistema de protección. 

¿Eso es suficiente?

Sigue pendiente la creación de un nuevo decreto de actualice el decreto que regula los centros de menores y los centros de atención a la infancia, en el cual se mejoraría la ratio del personal que trabaja en los centros. La última comunicación al respecto es que en breve comenzarían a trabajar sobre ello, instando a que el próximo año sea decisivo para iniciar el introducir los cambios necesarios en el decreto. 

Ustedes defienden que la mejor solución para los menores no son los centros, sino las familias de acogida. Sin embargo, su número es insuficiente ...

Luego de la entrada en el sistema de protección se confirma como medida prioritaria el acogimiento familiar para asegurar el derecho de todo niño y niña a vivir en familia. Sin embargo, los últimos datos conocidos cifran en 1.236 los niños, niñas y adolescentes en acogimiento familiar, de los/as cuáles solamente el 25% suponen acogimientos en familia ajena.

¿Qué pasa con estos para los que no hay familia de acogida?

Es decir, el bajo número de familias acogedoras en ajena tiene como consecuencia, entre otras, un alto porcentaje de niños, niñas y adolescentes que entran en los diferentes centros de acogimiento residencial; de la totalidad de niños, niñas y adolescentes del sistema de protección, el 778 se encuentran en esta tipología de acogimiento. A estas cifras hay que sumarle 487 niños, niñas y adolescentes usuarios/as de centros con atención de día.

Preocupa de forma especial el alto número de niños y niñas de 0 a 6 años que se encuentran residiendo en centros no cumpliéndose con la ley. 

¿Qué debería hacer la administración para que haya más familias de acogida?

Las potencialidades del acogimiento familiar no están lo suficientemente desarrolladas y no se emplean todas las posibilidades que la adopción puede tener como mecanismo de protección. Tenemos que avanzar en una estrategia de desinstitucionalización  y aumentar los recursos de sus programas, para un incremento de acogimientos familiares en familia ajena.

En relación a los centros de menores, CIG-Ensino arranca una recogida de firmas para mejoras salariales, laborales y sociales en centros de menores, la CIG-Ensino ha arrancado una campaña de recogida de firmas para conseguir mejoras salariales, laborales y sociales en los centros de reforma juvenil y protección de menores, ante la perdida de calidad en el empleo derivada de lo "precario" de los contratos-convenios con la Consellería de Política Social . ¿Tienen razón en sus reivindicaciones?

Las entidades colaboradoras con la administración en acogimiento residencial constatan una carencia en los recursos de personal existentes para cubrir las necesidades reales del mismo. La causa fundamental es el cálculo de los precios en base a una ratio de atención (1 técnico/a por cada 8 niños, niñas y/o adolescentes) basada en el actual decreto. Es una ratio claramente desfasada e insuficiente, lo que hace que para dar respuesta a las demandas de los niños, niñas y adolescentes, se prologuen los turnos de trabajo.

Esta constante tensión se nota en los equipos educativos que trabajan y conviven con la infancia y adolescencia tutelada, siendo una constante las bajas y presión que repercute en un empeoramiento del clima laboral al no ser capaces de dar una respuesta idónea a los niños y niñas con las que trabajan, así como una fuga de talento constante derivada de la falta de recursos y de la falta de actualización de salarios.

Adicionalmente estos equipos tienen que hacer frente a las nuevas realidades de los niños, niñas y adolescentes que conviven en estos centros, tales como un alto porcentaje en problemas de salud mental, conductas autolíticas, usuarios/as extranjeros/as con culturas e idiomas diferentes, entre otras.

¿Por donde pasa la solución entonces a estos problemas de personal en los centros de menores?

Se debe modificar el actual decreto que regula los centros de protección para incrementar la ratio a mínimo 2 educadores/as por cada 8 niños, niñas y/o adolescentes, y realizar una mejora salarial a su personal acorde al trabajo que desempeñan con uno de los colectivos más sensibles y vulnerables, incentivando el trabajo y evitando la fuga de talento.

La tarjeta básica fue una medida que demostró su eficacia en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Es una demostración de que para las situaciones de mayor vulnerabilidad, las ayudas directas son una buena medida y de que se necesitan más.

¿Cómo está influyendo la inflación en la calidad de vida de los niños de las familias más desprotegidas?

De los 93.000 niños y niñas que tenemos en Galicia en riesgo de pobreza o exclusión social, unos 28.000 viven en circunstancias de carencias materiales y sociales severas. Este grupo es el más afectado por la crisis de inflación. Los datos de pobreza infantil han mejorado de manera global en Galicia en el último año, pero han mejorado poco en las familias en situación de privaciones severas.

¿Qué consecuencias concretas tiene el alza de precios en estos menores?

Lo notan especialmente en las dificultades para mantener una temperatura adecuada en los hogares, en que no pueden permitirse comer carne o pescado con la debida frecuencia o en la imposibilidad de hacer frente a gastos imprevistos. 

El año pasado se retiró la tarjeta de la Xunta que permitía la compra de alimentos, algo que ayudó a muchas familias en riesgo de exclusión con niños. En ese momento, el Gobierno prometió nuevas ayudas. ¿Cómo valoran ustedes aquella tarjeta? ¿Ha cumplido la Administración su promesa de nuevas ayudas?

La tarjeta básica fue una medida que demostró su eficacia en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Es una demostración de que para las situaciones de mayor vulnerabilidad, las ayudas directas son una buena medida y de que se necesitan más.