La CIG protestará ante la Delegación del Gobierno para exigir mejoras salariales y de jubilación parcial de funcionarios

Denuncia una pérdida de poder adquisitivo "del 20%" desde 2010 y reclama negociación en la Mesa General de Administraciones Públicas

La CIG protestará ante la Delegación del Gobierno, en A Coruña, el próximo 24 de abril (11,30 horas) para reclamar subidas salariales de funcionarios y mejoras en las condiciones de la jubilación parcial.

En rueda de prensa en Santiago, la coordinadora de Área Pública de la CIG, Laura Arrojo, ha explicado que se busca demandar al Gobierno que "inicie cuanto antes" que se aborde en la Mesa General de Administraciones Públicas un aumento salarial para empleados públicos de administraciones en 2025 y abra negociaciones para la regulación de jubilación parcial de funcionarios.

Al respecto, el secretario de CIG-Administración, Luís Carballo, ha denunciado una pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios "del 20%" desde 2010, entre lo que incluye el último acuerdo de UGT y CC.OO., firmado con el Gobierno en 2022, que estima en una pérdida del 2,3% durante su vigencia hasta 2024.

Por ello, propone que haya una cláusula de garantía salarial ligada al IPC que se regule por ley, unido a acuerdos anuales de subida retributiva, de modo que haya un alza del 5% en 2025. La CIG también requiere que se restablezcan las pagas extraordinarias completas, recortadas en 2010 y que no se recuperaron.

El responsable de CIG-Saúde, Manuel G. Moreira, denuncia que el actual diálogo social, del que se excluye a sindicatos como la CIG, "ni es diálogo ni es social", pues "endurece" las condiciones de acceso a la jubilación y pensiones públicas.

RECORTES EN JUBILACIÓN PARCIAL
En lo tocante a la jubilación parcial, que permite compaginar parte de jornada activa con la condición de pensionista, el sindicato nacionalista censura que se empeoran sus condiciones respecto a las existentes hasta 2013. Hasta entonces, un funcionario podía jubilarse con 61 años, con un máximo del 85% en su tiempo de trabajo y con un 15% restante que podía agrupar por horas o repartir hasta el momento de la jubilación completa, pero se produjeron recortes tanto en edad de acceso como en porcentaje. Denuncia que en abril entró en vigor una nueva reforma de la jubilación parcial que incluso empeora condiciones.

Mientras, critica que está en tramitación en el Congreso la Ley de Función Pública, en la que se modifica el Estatuto Básico del Empleado Público, por lo que la CIG alerta de que afectará a la totalidad de los empleados públicos de todas las administraciones. Advierte de que enmiendas del PSOE implican subir la jubilación forzosa de 70 a 72 años, así como que solo podría haber una jubilación parcial cuando una persona tenga 33 años de servicio y le falten tres años para su jubilación ordinaria --con una jubilación en el primer año de entre el 20% y el 33%, que pasaría a ser en los dos siguientes años entre el 25% y el 75%--.

La CIG apunta que hay unos 160.000 empleados públicos en Galicia, según datos extraídos de Función Pública, un total que se vería afectado por las modificaciones.

De tal forma, apuesta por recuperar la edad obligatoria de jubilación a los 65 años o hasta alcanzar los años necesarios de cotización para percibir la pensión máxima y restablecer el derecho de jubilación parcial a los 61 años.

Además, la CIG pide conseguir el derecho indefinido a la jubilación anticipada de todo el personal funcionario y estatutario, tanto del que mantiene ese derecho (clases pasivas) como quien ya no cuenta con él (régimen general de la Seguridad Social).

Por todo ello exige la paralización de la tramitación en el Congreso de la modificación de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público mientras no se produzca la negociación con todos los sindicatos que, como la CIG, forman parte de la Mesa General de las Administración Públicas.