Estos son los 25 barcos sancionados por apagar el GPS, incluídas varias armadoras del Puerto de Vigo

La Dirección General de la Marina Mercante española ha impuesto sanciones significativas a 25 embarcaciones pesqueras de bandera española. Estas sanciones están relacionadas con una campaña llevada a cabo por Oceana, una organización no gubernamental dedicada a la conservación de los océanos.

La investigación reveló que estas embarcaciones desactivaron reiteradamente sus sistemas de identificación automática (SIA) mientras faenaban en alta mar, cerca de las costas de Argentina. Hay que recordar que la flota congeladora gallega tiene una presencia importante en las aguas próximas a Malvinas donde captura sobre todo merluza a través de redes de arrastre.

Lo decretado por el Ministerio y revelado por Oceana incluye multas de hasta 60.000 euros por embarcación. Esta decisión es un paso adelante en la lucha contra la pesca ilegal y la falta de transparencia en las actividades marítimas, según afirman desde Oceana. El SIA, un sistema obligatorio en España y en la Unión Europea, juega un papel crucial en garantizar la seguridad marítima y la legalidad de las operaciones pesqueras.

Ignacio Fresco Vanzini, asesor de la campaña de pesca ilegal y transparencia de Oceana en Europa, destacó la importancia de esta medida: "celebramos la decisión de la administración española por dar un paso más en favor de la transparencia en el sector pesquero. Aquellos que no respetan las normas deben saber que sus actos tienen consecuencias y en este caso es en forma de sanciones".

Según Oceana, entre 2018 y 2021, el 90% de las 30 embarcaciones españolas analizadas desactivaron su SIA, pasando más tiempo con el dispositivo apagado que encendido. Este hallazgo subraya la magnitud del problema y la necesidad de una acción reguladora firme.

En su investigación, Oceana analizó la actividad pesquera utilizando datos de Global Fishing Watch (GFW), una organización independiente fundada en colaboración con Google y SkyTruth. Este análisis permitió identificar no solo a las embarcaciones españolas, sino también a otras de diferentes nacionalidades, incluyendo China, Corea del Sur y Taiwán, sugiriendo la necesidad de una mayor supervisión y cumplimiento de las normas internacionales.

Los barcos sancionados apagaron su SIA más de 1.200 veces sin justificación legítima, durante al menos 24 horas. Esto representa no solo una violación de las normas de seguridad marítima, sino también un desafío a las regulaciones de control pesquero. Como indica Oceana, estas acciones deberían ser sancionadas no solo por la administración marítima sino también por las autoridades pesqueras, especialmente con la futura entrada en vigor del nuevo Reglamento de Control Pesquero en enero de 2024.

Señalan además que todo buque pesquero de la UE de más de 15 metros de eslora debe estar equipado con un SIA. Navegar sin este sistema es una infracción tanto de la legislación de la UE como de España, y solo puede desactivarse legalmente en situaciones excepcionales, como zonas donde la piratería podría suponer un problema. Este caso destaca la importancia de la vigilancia y la transparencia en el sector pesquero para proteger no solo los recursos marinos, sino también la seguridad de los pescadores y la legalidad de sus actividades.

NUMEROSOS BUQUES GALLEGOS

Entre los buques sancionados por desactivar sus sistemas de identificación automática se encuentran el 'Paradanta Primero' de Pesqueras Gadimar S.L., con sede en Bueu, y el 'Loitador' de Profesionales pesqueros S.A., con sede en la ciudad de Vigo.

Destaca la presencia en la lista del Ministerio de varios barcos pertenecientes a Pesquerías Nores Marín S.L., como el 'Patricia Nores' o el 'Manuel Ángel Nores'. Esta empresa, con sede en la localidad pontevedresa de Marín es la que, junto con Pesquerías Marinenses, S.A., con sede en la misma localidad, ha recibido más sanciones por estas prácticas de piratería. Hay que recordar que esta es la armadora del Vila de Pitanxo, el arrastrero que se hundió en medio de una tormenta en Terranova y cuyo capitán estás siendo juzgado por su conducta presuntamente temeraria por faenar en tan malas condiciones.

Asimismo, barcos como el 'Fakir' y el 'Figaro' operados por Freiremar S.A., con sede en Las Palmas de Gran Canaria, también han sido sancionados. Esta conexión es especialmente significativa debido a que el presidente de Freiremar S.A., Manuel Freire Veiga, es un también directivo de varias empresas pesqueras en Vigo, vinculando a estas sanciones de nuevo con Galicia. Lo mismo sucede con las armadoras Pescaeste y Pesca Herculina, dos empresas que, aunque también tengan sede en la ciudad palmense, son también presididas por Freire Veiga, del grupo Freiremar.

Otra de ellas, Pesquerías Manuel Nores Canarias, aunque también tenga su sede en el archipiélago, pertenece al Grupo Nores, el mismo grupo, con sede también en Marín al que pertenece la armadora del conocido 'Villa de Pitanxo'.

Esto completa una suma de un total de 25 buques sancionados, pertenecientes a 14 armadoras distintas, todas ellas gallegas o que guardan relación con Galicia, con sede en localidades de la provincia de Pontevedra como Bueu, Cangas, Marín o Vigo.

RETIRADA DE UN VÍDEO SOBRE PESCA ILEGAL EN VIGO

Recientemente y en relación con la problemática de la pesca ilegal, National Geographic retiró un vídeo de su página web que describía al Puerto de Vigo como el principal punto de entrada de pesca ilegal en Europa. El contenido, parte de un tráiler para un futuro documental, generó controversia al afirmar que el puerto gallego era una vía de acceso para toneladas de pescado ilegal al continente.

La publicación del vídeo en el pasado mes de agosto desató un debate intenso, llevando a la Autoridad Portuaria de Vigo a anunciar medidas legales contra National Geographic por lo que consideraron "ataques gratuitos, injustificados e infundados". El presidente del puerto, Carlos Botana, denunció el vídeo por dañar la reputación de Vigo, un puerto que, según afirma en sus declaraciones, ha combatido las prácticas ilegales durante años.

El retiro del trailer fue una respuesta a la solicitud de Botana y fue bien recibido por él. Sin embargo, destacó que aún quedaba por reparar el daño hecho a la imagen del puerto. Botana enfatizó que este incidente es solo una muestra de las presiones que enfrenta el sector pesquero. Reafirmó el compromiso del puerto de Vigo con la pesca legal y la defensa de sus operaciones.

A pesar de la retirada del vídeo, la Autoridad Portuaria de Vigo solicitó a National Geographic que corrigiera las declaraciones y el titular que consideraban falsos y calumniosos. Botana argumentó que las afirmaciones del vídeo eran engañosas y dañaban gravemente la reputación del puerto.

Refutando las acusaciones, Botana afirmó que en el puerto de Vigo se controla el 100% de la pesca congelada que llega, una cifra significativamente mayor que en otros puertos europeos. Resaltó la dificultad de que el pescado ilegal ingrese a través de un puerto con tales medidas de control. Además, mencionó las conversaciones en el vídeo con pescadores jubilados, que sugirieron la introducción de pescado ilegal por Vigo, y destacó que el puerto ha sido siempre un punto de entrada a Europa para mercancías ilícitas, incluyendo drogas.

Finalmente, la Autoridad Portuaria envió un requerimiento a National Geographic instando a la retirada del vídeo y a la corrección del contenido, además de pedir que no se publicara el documental completo. En respuesta, National Geographic eliminó el vídeo de su sitio web.