La vivienda de protección oficial en Galicia casi desapareció al poco de llegar Feijóo al poder
Las administraciones, no solo la Xunta, abandonaron la construcción de promociones protegidas al poco de estallar la burbuja y jamás han vuelto a apostar por ella. Esto es uno de los factores que explican el alza de los alquileres, señalan los expertos al hilo de la polémica por la nueva Ley de Vivienda.
La nueva Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda ha desatado una tormenta política. Incluye medidas para frenar el alza de los alquileres como el castigo a las viviendas vacías, los polémicos topes al alquiler y, sobre todo, la promesa de fomentar la construcción de vivienda social. El compromiso estrella son 50.000 viviendas del banco público SAREB que se pondrán en alquiler. En Galicia existen casi 2.000 vacíos y habitables.
El líder de la oposición, Alberto Nuñez Feijóo, acusa al pacto de PSOE con ERC y Bildu de intervencionista. El gallego estima que así solo se conseguirán que se retiren más viviendas del mercado y que se disparen aún más los precios. En su opinión, la solución pasa por construir más viviendas.
AÑOS CON SOLO 4 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN
Con todo, un análisis de los datos oficiales demuestra que cuando Feijóo gobernó Galicia la construcción de viviendas se desplomó, al menos en lo que a viviendas sociales se refiere.
Así, antes de Feijóo, era raro el año en que en Galicia se daban menos de 1.700 calificaciones definitivas de vivienda social e incluso algunos ejercicios se llegó A la cifra de unas 3.500. Esto sucedió tanto con el gobierno bipartito (PSOE + BNG) como en los gobiernos de Manuel Fraga (PP).
Sin embargo, un par de años después de que Feijóo llegase al poder la cifra de promociones públicas se derrumba y, de hecho, hubo años como 2018 y 2019 donde no se calificaron ni 10. Este desplome, eso sí, se produjo también a nivel estatal, con un leve repunte en los últimos años.
Es evidente que, tras el fin de la burbuja inmobiliaria, las administraciones dejaron de apostar por la vivienda de protección oficial. La curva estatal muestra que ha sucedido con gobiernos de todos los colores, ya que las competencias de Vivienda están en su inmensa mayoría transferidas a las autonomías.
El abandono de las políticas de pisos protegidos es un tiro que España se ha pegado en su propio pie. Todos los expertos indican que fueron clave para que las clases populares pudieran acceder a una vivienda digna en los años del desarrollismo español y finales del Siglo XX.
En Galicia, la Xunta acostumbra a dejar sin ejecutar la gran mayoría de los fondos que le transfiere el Estado para la promoción de vivienda pública. Cuando el PSOE le recrimna ésto, el PP se defiende culpando a los alcaldes urbanos, que son todos de izquierdas.
Desde San Caetano responden que los ediles no facilitan suelo a la Xunta para las promociones. Como era de esperar, los alcaldes no están de acuerdo. Por ejemplo, confrontado con esta acusación en una entrevista con Galiciapress, el alcalde de Santiago Xosé Sánchez Bugallo le recordó a la Xunta que en Compostela dispone de varios solares de su titularidad en los que no ha promovido vivienda social.
Por ejemplo, el solar al lado de la Biblioteca Pública Anxel Casal de Santiago de Compostela. Durante un tiempo la Xunta lo rodeó con una valla promocional anunciando pisos de promoción social. Pasó tanto tiempo que la valla se caía a pedazos. Al final, la Administración retiró la vaya y construyó una especie de parque.
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