La ciudad deportiva del Celta de Vigo es un Mos es un "pelotazo" que destruirá bosques, alertan Ecoloxistas

El Galicia Sports 360, impulsado por el Real Club Celta de Vigo, busca crear un complejo con instalaciones deportivas y zonas comerciales en el municipio pontevedrés de Mos. Sin embargo, su ubicación en terrenos forestales ha desatado una fuerte oposición. Ecoloxistas en Acción y la Comunidade de Montes de Tameiga llevan años denunciando que este desarrollo supone una amenaza ambiental y un aprovechamiento indebido de monte comunal, un patrimonio clave para la comarca.

Esta semana, la Xunta dio luz verde al proyecto al clasificarlo como PIA, un sello que permite avanzar en su construcción al facilitar la recalificación de suelo rústico no urbanizable a urbanizable. Para las autoridades autonómicas, esta iniciativa impulsará el deporte y la economía en Galicia. Pero los críticos no lo ven así.

Xaquín Pastoriza, portavoz de Ecoloxistas en Acción, asegura que se trata de "un pelotazo urbanístico en toda regla", con el que se entrega un espacio natural a intereses privados en lugar de priorizar obras de interés público, como un hospital. 

La controversia no es nueva. En 2018, el Concello de Mos otorgó licencias para construir en monte comunal, pero los tribunales las anularon en 2023 por irregularidades. A pesar de estos reveses, el proyecto ha seguido adelante, aunque con cambios. El plan original, que incluía un macrocentro comercial y un gran pabellón, se ha reducido tras años de presión vecinal y ecologista. Aún así, los detractores insisten en que debería ubicarse en áreas ya urbanizadas, no en una zona de protección forestal. 

El Celta y la Xunta defienden el proyecto como una oportunidad para posicionar a Galicia en el mapa deportivo y generar empleo. En el otro extremo, Ecoloxistas en Acción y los vecinos de Tameiga alertan sobre la deforestación y el impacto en la biodiversidad. También señalan riesgos como la presión sobre los recursos hídricos locales, un tema que ha preocupado a expertos en los últimos días. Para los opositores, la aprobación como PIA solo encubre ilegalidades pasadas y beneficia a un club privado por encima del bien común. 

Aunque la escala del proyecto se ha recortado gracias a la lucha de la comunidad —un logro que los ecologistas celebran—, la tensión no se disipa. La movilización vecinal ha sido clave para limitar el daño ambiental, pero la declaración como PIA podría abrir la puerta a nuevas disputas legales.