Con el objetivo de reducir el desperdicio de alimentos en un 50 % en el consumo y un 20 % en la producción y suministro para 2030, esta normativa impone medidas concretas a toda la cadena alimentaria, desde productores hasta restaurantes, y establece un riguroso régimen de sanciones que pueden llegar hasta los 500.000 euros por incumplimientos graves. Ya está vigente, tras publicarla el BOE.