​Un juez ve posibles “responsabilidades penales” en el trato de la Xunta a un sintecho de Santiago

(foto: cáritas Santiago)

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santiago ha abierto una investigación para determinar si la “dilación” para encontrar un centro residencial adecuado a un sintecho en Santiago de Compostela, que califica de "extraordinaria e injustificable" puede suponer “responsabilidades penales” para cargos de las consellerías de Política Social y Sanidade. El magistrado, Roberto Soto Sola, pide la "deducción de testimonio de particulares" y su remisión a la Fiscalía para "depurar" las responsabilidades en los hechos investigados.

En concreto, el juez se refiere a la asistencia a un hombre de 48 años, soltero y sin hijos, diagnosticado de trastorno mixto de la personalidad y dependencia del alcohol y opiáceos. Tras ser ingresado por una neumonía en el Hospital de Conxo, los forenses consideraron "beneficioso" ingresarlo en un centro residencial "adecuado a su estado psicopatológico", cuestión que autorizó el juzgado el 2 de febrero de 2016.

Pero según se recoge en el auto, el 11 de marzo "el secretario xeral de Dependencia e Valoración da Discapacidade", Jorge Rubén Sampedro, informa de que la Xefatura Territorial da Coruña desestimó a fecha del 22 de febrero esta solicitud de emergencia social con traslado del expediente a la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de Compostela.

Por ello, le requiere que, "de forma personal" y a la "mayor brevedad", remita la resolución de la Xefatura Territorial y la documentación e informes en los que se basa, que Sampedro hizo llegar días después. Además, pide que la directora xeral de Maiores e Personas con Discapacidade y el de Asistencia Sanitaria que lleven a cabo "los trámites correspondientes" para "designar centro residencial" donde debe ser ingresado el hombre.

Tras ello, el día 4 de abril la jefa del servicio de Trabajo Social de Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) envía al juzgado un informe en el que se da cuenta de la negativa del paciente a trasladarse al centro Sociosanitario Santa María de Pontevedra precisando la ausencia de dispositivo similar en Santiago.

Dos días después, el 6 de abril, según indica el auto, a través de un informe, el director xeral de Asistencia Sanitaria, Jorge Aboal, manifiesta "no contar con programas específicos para el tratamiento de adicciones" y alude "a dispositivos de atención ambulatoria, centros de día y comunidades terapéuticas dependientes del Sergas (Aclad, UMAD, Proxecto Home) significando que tales dispositivos no están destinados a dar cabida a problemas de emergencia social".

Ya el 11 de abril la directora de Procesos Asistenciales del EOXI Santiago de Compostela, Sonia Fernández, comunicó la concesión de plaza de emergencia social en la residencia Geriatros de Viveiro.

Con todo, "dado el tiempo transcurrido desde el reconocimiento judicial y forense" de febrero, el 12 de abril el juzgado considera oportuno "valorar de nuevo al individuo", un examen en el que constató la "voluntad del paciente de recibir el alta hospitalaria" y su "disconformidad" con el ingreso en cualquier tipo de residencia.

Ante ello, el auto señala que se le explicó al paciente que la decisión judicial al respecto "se pospone" al estar pendientes informes de psiquiatría y neurología, así como que "la dilación en la búsqueda de centro residencial adecuado" es "atribuible en exclusiva a la falta de coordinación de la Administración autonómica competente en la materia".

Pese a todo, el segundo examen médico indica que en ese momento, el hombre tiene "capacidad para decidir dónde debe residir", pero señala que "sería necesario que los Servicios Sociales tratasen de auxiliar al explorado en su menesterosa situación, tratando de conseguirle una habitación adecuada, una pensión no contributiva y un seguimiento efectivo en la UMAD, lo que le permitiría llevar una vida un poco más digna".

LA XUNTA SE DEFIENDE

La Xunta ya ha salido al paso de este proceso, asegurando que "siguió en todo momento" las indicaciones del Juzgado de Instrucción Número 6 de Santiago de Compostela y puso "a disposición de esta persona todos los recursos disponibles", que el afectado "rechazó".

Además, tras mostrar su disposición a colaborar en la atención de este tipo de casos, la Consellería de Política Social ha asegurado que la "competencia en la atención a las personas sintecho" corresponde a los ayuntamientos.

EL ALCALDE PIDE COORDINACIÓN

Por su parte, el alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega, ha considerado que la apertura de diligencias "pone encima de la mesa que es una cuestión muy compleja" y que faltan "recursos" por parte de la Administración autonómica y existe una ausencia de "respuesta integral" para estos casos.

“Noriega, cuyo gobierno local ha sido objeto de duras críticas por parte de la oposición e incluso de la valedora do Pobo, ha aclarado que no quiere leer el auto como un texto que le viene a dar la razón, sino que "evidencia que una solución a un problema de estas características tiene que ser respondido por el conjunto de las administraciones".

"Lo que no vale es hacer lecturas sesgadas y buscar responsabilidades rápidas en la administración local, sobre todo cuando está haciendo esfuerzos fácilmente demostrables", ha expresado, tras mostrar que tiene la "sensación" de que "aquí se ha hecho política de la mala con situaciones de dramas personales y se han demandando soluciones rápidas desde la constancia de que no existían".