Un acusado que comparece delante de un juez puede mentir, porque nadie le puede obligar a jurar o prometer a decir la verdad. El sistema judicial español, a diferencia de otros, así lo permite en su derecho de defensa. En cambio, un testigo que acude a declarar puede ser sancionado si lo hace, lo obligan a jurar a decir la verdad. Las leyes están así y se acatan aunque no se esté de acuerdo.
A los presos políticos catalanes, se les ampara, si es que lo han hecho, a mentir, para defenderse en sus comparecencias delante de sus señorías, no es delito. Otra cosa bien distinta son las mentiras constantes que vierten para influir en la opinión pública y generar adhesiones incondicionales.
Estos días se discute en el Congreso de los Diputados si los políticos presos que han salido elegidos diputados pueden continuar o serán suspendidos. Aunque la normativa es bien clara, la Mesa del Congreso había solicitado un dictamen al servicio jurídico de la Cámara. Los letrados finalmente han resuelto que corresponde a la Mesa del Congreso declarar automáticamente suspendidos en el ejercicio del cargo de diputados mientras dure su situación de prisión.
Conocedores de lo que podía pasar, los afectados han aprovechado las circunstancias para rentabilizarla mediáticamente y lanzar sus discursos de descalificaciones hacia el gobierno y la justicia española, "por no respetar que han sido elegidos por sus votantes", han manifestado.
A los políticos presos, cuando decidieron formar parte de sus respectivas listas electorales solo les movía hacer un pulso al gobierno, la judicatura. Tomaron libremente la decisión de hacerlo; aceptar las consecuencias forma parte de la responsabilidad de sus actos, que no mientan. Precisamente, la democracia que ellos tanto critican les ha permitido presentarse, incluso asistir a la sesión de constitución, y ser los protagonistas de una sesión circense en el hemiciclo.
Con las elecciones europeas, Junqueras en prisión y Puigdemont huido se presentan, en listas diferentes. La operación tiene que ver con implicar a la institución con sede en Bruselas e intentar que resuelva una situación que corresponde a España, ya que Europa no tiene legislación propia para este tema, lo dejaba muy claro el director de Comunicación del Parlamento, Jaume Duch. Los afectados lo saben y van explicando lo contrario, es una manera de mantener la tensión y seguir alimentando las mentiras, porque piensan que es lo normal en estas circunstancias.
Para terminar, solo un apunte que no es menor, la Mesa del Congreso cuenta con PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos. Mientras los tres primeros aceptan la suspensión, Podemos está en contra. Una decisión que vuelve a evidenciar lo poco fiable como socio que resulta Pablo Iglesias y compañía. Es un aviso a Pedro Sánchez de lo que pueden llegar a hacer en la legislatura, si no entran en el gobierno, como están deseando por activa y por pasiva.
La postura adoptada por Podemos es electoralista, pero se equivoca, y a sus votantes esta decisión igual no les hace ninguna gracia.
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