El Tribunal Constitucional ha declarado "nulos e inconstitucionales" algunos artículos del real decreto ley, aprobado en 2014, que contemplaba la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor y en el que se reconocía una compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS, participada por ACS.


El alto tribunal precisa que no ve ninguna razón para haber aprobado dicha compensación con urgencia. En un primer momento Enagás, a través de su filial Enagás Transporte, era la encargada de asumir el importe de dicha indemnización de más de 1.300 millones de euros a Escal UGS, aunque el importe se iría repercutiendo durante 30 años en la tarifa del gas.


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