El sindicado Unións Agrarias durante la manifestación del sábado 18 de noviembre.
El sindicato Unións Agrarias ha solicitado a la Consellería do Medio Rural la creación de una mesa de trabajo que estudie soluciones para atenuar el impacto previsto por las nuevas exigencias de la Política Agrícola Común (PAC). En ellas, se hace referencia al tratamiento de purines, haciendo “inviables” las granjas gallegas.
Tal como se recoge en el Real decreto 988/2017 sobre las condiciones que las granjas deben cumplir para poder recibir ayudas de la Política Agraria Común en el año 2018, la regulación nacional establece la prohibición de que los purines puedan ser aplicados en superficie por medio de cisternas tal como se ven practicando en la actualidad. En cambio, la ley establece que este fertilizante natural si puede ser inyectado en las tierras, una medida que resulta inviable a nivel económico con el modelo gallego de explotaciones ganaderas.
En Galicia, este sector produce anualmente 15 millones de metros cúbicos de purín, que se usa como abono en las explotaciones ganaderas. Si finalmente no se permite su aplicación por medio de cisternas, desde el sindicato advierten de que supondría para el medio rural gallego “un gravísimo problema económico” además de provocar “un colapso medioambiental por la imposibilidad de tratar los residuos en las explotaciones”