El PSOE quiere que el Ministerio de Hacienda y Función Pública haga público cuánto deja de recaudar por los 'agujeros' en el Impuesto de Sociedades, bien sea por beneficios fiscales, incentivos o ajustes en el cálculo de la base imponible que contempla la regulación de este tributo.


Así consta en una proposición no de ley que el portavoz de Hacienda de los socialistas en el Congreso, Julián López Milla, ha registrado en la Cámara Baja para su debate en el Pleno.


Con ella, quieren que se conozca cuánto deja de ingresar el erario público por estos 'agujeros', pero también conocer qué grandes empresas se benefician de los mismos, y por cuánto, así como fijar un tope límite de beneficios fiscales, a partir del cual cualquier nueva ventaja deba ser compensada por nuevos ingresos alternativos o recorte de gastos.


EVALUAR SUS EFECTOS CADA AÑO


En primer lugar, la proposición no de ley insta al Gobierno a que cada año presente ante las Cortes Generales una evaluación pormenorizada de los efectos de los beneficios fiscales y de los principales ajustes aplicables para la determinación de la base imponible en el Impuesto sobre Sociedades.


Para aumentar el nivel de transparencia, instan también al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para conocer, de forma territorializada --no solo en España, sino también en la Unión Europea y en el resto del mundo-- de las declaraciones de grandes empresas y grupos, y de la base imponible o del resultado contable mundial antes de impuestos y su distribución territorializada.


TOPE DE BENEFICIOS FISCALES


También en tres meses, piden que remita al Congreso un proyecto de ley que permita fijar un límite anual de beneficios fiscales del Estado, por lo que la aprobación de nuevos incentivos fiscales o el incremento de los vigentes en el ejercicio deberá acompañarse de medidas específicas para reducir gastos o, alternativamente, incrementar ingresos.


Asimismo, las memorias económicas que acompañan a los proyectos de ley y reales decretos leyes que incorporen beneficios fiscales deberán incluir tanto su efecto recaudatorio como su impacto en la actividad económica y la política social.


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