Aluvión de recursos contra la resolución del banco.
Más de 2.000 afectados por la resolución de Banco Popular presentarán un recurso este lunes contra la Junta Única de Resolución (JUR) ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, por la decisión de las autoridades comunitarias de resolver la entidad.
El despacho que se encarga interpondrá otro recurso contra el Fondo de Resolución Ordenada Bancaria (Frob) ante la Audiencia Nacional el próximo 1 de septiembre por ejecutar la resolución de Popular.
Según explican representantes de la la Plataforma de Afectados por el Banco Popular, se les planteó unirse al recurso que está elaborando el despacho gallego Rúa Abofados con el fin de anular las resoluciones adoptadas por la JUR y el Frob y reclamar una indemnización por los daños y perjuicios causados por las mismas.
La decisión de recurrir la resolución de la JUR y el Frob responde a varios motivos, ya que no excluye presentar una demanda civil individual, permite obtener, de una forma más rápida, los datos y documentación para futuros procesos civiles, y porque podría darle a los accionistas la opción de recuperar una parte de su dinero, como indemnización por los daños causados por ambos organismos, según ha explicado el bufete.
INVERSORES MEXICANOS
Por otro lado, un grupo de inversores mexicanos de Banco Popular, entre los que se encuentra Antonio del Valle, ha presentado este viernes un recurso legal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede el Luxemburgo, solicitando la nulidad de la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) de resolver la entidad.
Los inversores del país azteca afirman que el marco de resolución es "ilegal", puesto que se les negaron derechos fundamentales garantizados por la legislación comunitaria a las partes interesadas. Además, estiman que la decisión de la JUR incumple las condiciones necesarias para adoptar la resolución bancaria.
Según los inversores mexicanos, la JUR tampoco consideró otras opciones privadas que hubieran evitado la resolución y violó los derechos de propiedad de los accionistas en virtud de la legislación comunitaria. Asimismo, la demanda advierte que la acciónde la JUR crea un precedente "peligroso" que no respeta los intereses vitales de los inversores y podría fomentar la falta de confianza en el sistema bancario de la UE.
Por su parte, La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas ha interpuesto este viernes un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea para impugnar la resolución del Banco Popular.