Galicia afrontará este miércoles la que será su cuarta jornada de huelga de autobuses en toda la comunidad, que afecta a los servicios interurbanos pero también a los urbanos en ciudades como Santiago y Lugo, ya que se rigen por el mismo convenio colectivo.
Este martes, como los dos días de la semana pasada, el seguimiento de los trabajadores a la convocatoria de los sindicatos fue "prácticamente total", según los datos de las centrales.
Por su parte, las tres federaciones de empresas más beligerantes con el nuevo plan de la Xunta lo han cifrado en más de un 85%, mientras que la Consellería de Infraestruturas situó el incumplimiento de los servicios mínimos --del 40% para las líneas regulares-- en un 78%.
En la pasada jornada, la conselleira Ethel Vázquez volvió a mostrarse dispuesta a dialogar, pero siempre y cuando sea en reuniones por separado con organizaciones sindicales y patronal.
Dos patas del sector que continúan exigiendo una mesa conjunta para abordar el documento del Gobierno gallego, que rechazan al advertir que supondrá una pérdida de puestos de trabajo y de negocio.
En concreto, la huelga responde a dos motivos: el rechazo al plan de reordenación de líneas de la Xunta, en el que auguran destrucción de empleo --por la integración de transporte escolar en el regular-- y la situación de bloqueo de los convenios colectivos, que tienen carácter provincial.
El seguimiento en los dos primeros días de paro fue masivo y el impacto mucho mayor debido al incumplimiento de los servicios mínimos, fijados en un 40% para las líneas regulares y en el 100% para el transporte escolar.
El fin de las clases ha marcado una menor afección en el desarrollo de la huelga este martes, cuando sí siguió siendo efectiva la acción de los piquetes. En Ourense ha habido desinflado de ruedas de una decena de autocares y una persona fue detenida por pinchar las de un vehículo adaptado que llevaba a enfermos de alzheimer a un centro de día.
EL EJEMPLO DE CASTILLA Y LEÓN
La cuarta jornada de huelga viene precedida de un encuentro entre la titular de Infraestruturas y el consejero de Fomento de Castilla y León, comunidad a la que la Xunta puso como ejemplo de una "experiencia de éxito" en la integración del transporte escolar y el regular.
Ambos dirigentes se vieron también con confederaciones de padres de alumnos, que en días pasados decidieron dar un paso a un lado y descartaron movilizarse contra las intenciones de la Xunta, pero sí aseguraron que estarán "vigilantes" para asegurar una correcta convivencia de escolares y adultos en las líneas que prevé integrar el Gobierno gallego en el rural.
Esta es, en concreto, la clave de la que se deriva el conflicto, ya que los sindicatos temen que la integración de servicios escolares en los regulares implique menos conductores y las empresas dan por hecho la desaparición de compañías de mediano y pequeño tamaño.
Por su parte, la titular de Infraestruturas niega la mayor, y afirma de hecho que lo que se busca es "blindar" el empleo mediante la subrogación, que es obligatoria por ley, y promete incluso un aumento del mismo a través del incremento del número de cuidadores, de las horas y de los kilómetros de conducción.