El Concello de Ourense y Viaqua, la empresa que gestiona el suministro de agua en la ciudad, han firmado este viernes un protocolo de medidas contra la pobreza energética y la vulnerabilidad económica.
Se trata de un convenio en el que ambas partes establecen medidas de coordinación para detectar nuevos casos de personas en riesgo de exclusión social o para evitar la reiteración de los casos existentes. En la firma participaron el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez; el director de VIAQUA, Julio Masid; y la concejal de Asuntos Sociais, Sofía Godoy.
Tal y como recoge el protocolo, Viaqua ya "viene adoptando una actitud proactiva y de colaboración en la detección y prevención de situaciones susceptibles de ser tratadas como pobreza energética y en la identificación de personas en situación de vulnerabilidad económica". Ahora, estas medidas ahondan en los procedimientos de coordinación con el Concello, por la "voluntad compartida de dar un paso más en su compromiso de encontrar soluciones y poder garantizar el servicio de agua" a todas las familias, con el "fin de evitar los cortes de suministro por impago" de las facturas.
UN SERVICIO DE PRIMERA NECESIDAD
Julio Masid insistió en que desde Viaqua son "conscientes conscientes de que la crisis económica ha llevado la personas y familias a una situación de vulnerabilidad. Y como nosotros somos responsables de un servicio público de primera necesidad lo que intentamos es que nadie quede sin servicio de agua si se trata de una situación de exclusión".
El responsable de la empresa de gestión del agua llamó a los ciudadanos a no tener reparos en ponerse en contacto con la compañía si tienen dificultades. "Podemos poner para las personas con dificultades fórmulas para el aplazamiento del pago y que nadie quede sin servicio de agua".
Tanto Masid como Jesús Vázquez cifraron en unas 20 las familias en la ciudad que se van a beneficiar de forma inmediata de este convenio. Desde Viaqua detectaron que "el número de impagos es más o menos constante en los últimos 3 o 4 años".
COORDINACIÓN
Ambas partes han designado un único interlocutor entre los servicios sociales y la empresa, para hacer posible una comunicación más ágil y mejor.
Con este protocolo, cualquiera de las dos partes dará información sobre las tarifas sociales y bonificaciones destinadas a las personas con problemas económicos. Están contempladas en estos casos las familias numerosas o en riesgo de exclusión social.
También cualquiera de las partes informará de las posibilidades de colaboración con los servicios sociales en caso del impago de facturas para evitar el corte del suministro, y darán ayuda para tramitar las bonificaciones.