La Audiencia Nacional ordenó a la Guardia Civil practicar el miércoles entradas y registros en las sedes de Iberdrola en Madrid y Bilbao después de admitir una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra la compañía, indicaron a Europa Press en fuentes jurídicas.
La investigación se refiere a un presunto delito presuntamente cometido por los directivos o empleados de la empresa que adoptaron las decisiones que llevaron al "alza artificial del precio de la energía eléctrica en el período transcurrido entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013". Con la manipulación, que afectaría a centrales que la eléctrica tiene en el río Sil, habría obtenido "un lucro ilícito de 20 millones".
La presunta manipulación, que la empresa niega, derivó en un escándalo que obligó al Gobierno a cambiar todo el sistema de fijación de precios de la luz.
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