Juzgan por malversar fondos europeos al exdelegado de Feijóo en Ourense
jueves, 20 de abril de 2017, 13:44
Rogelio Martínez (segundo por la izquierda) durante una visita a Santo Estevo de Ribas de Sil en 2015 // EP
El Juzgado de Instrucción número uno de Ribadavia ha decretado la apertura del juicio oral contra el que fuera mano derecha de Feijóo, el exdelegado de la Xunta en Ourense Rogelio Martínez. Se le juzga por delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones de la Unión Europea que habría cometido hace once años, cuando aún era alcalde de Arnoia.
Los hechos se remontan a 1999, a raíz de la presentación de un proyecto de construcción de una planta de biomasa en el Concello de Arnoia al amparo del Plan Leader por un importe de 13 millones de pesetas (78.131,57 euros) y que pese a certificarse la ejecución, nunca se llevó a cabo.
Según la acusación popular, representada por la Asociación para o Progreso de O Ribeiro, lo que sí hizo el Concello fue reconstruír “un galpón” en un monte --obra que el alcalde adjudicó a un familiar suyo—para dar apariencia de legalidad al asunto.
Lo mismo sucedió con otro proyecto de construcción de cinco talleres artesanales para la elaboración de cerámica, forjas, pan, madera y orfebrería en el mismo Concello. Se presentaron solicitudes de ayudas para pavimentación de parcelas con un presupuesto de algo más de 1.500 euros en los cinco casos con cargo a los fondos Leader y pese a que su ejecución fue certificada, tales trabajos nunca se llevaron a cabo según consta en los autos.
La acusación señala la responsabilidad de Rogelio Martínez al considerar que como alcalde de Arnoia y presidente del Grupo de Acción Local "CEIVAM", encargado de la gestión de las ayudas de la UE, es autor de un delito de prevaricación.
MANO DERECHA DE FEIJÓO
El que fuera hombre de confianza de Feijóo en la provincia, fue nombrado por el de Os Peares -- municipio ubicado a escasos 50 kilómetros de Arnoia, localidad del que fue regidor Martínez durante 30 años— solo un mes después de que el actual jefe del Ejecutivo gallego tomara posesión, y cesado por el mismo en 2015, cuando Martínez llevaba años siendo investigado.
APERTURA DEL JUICIO ORAL
El escrito de apertura de juicio oral, después de más de diez años de instrucción, señala que la vista se celebrará en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense. Todavía no hay fecha.
Con todo, el texto decreta el "sobreseimiento" de la acusación contra Rogelio Martínez por un delito continuado de prevaricación, tal y como pedía la acusación particular, a raíz del auto de la Audiencia Provincial de Ourense de noviembre de 2011.
De este modo, Martínez será juzgado por los delitos de malversación de caudales públicos y, fundamentalmente, falsedad documental y fraude de subvenciones.
La acusación popular reclama por el delito de falsedad en documento público, seis años de prisión y una multa de 24 meses a razón de 50 euros por día, además de la pena de inhabilitación especial por seis años. Esta misma pena se reclama para otras dos personas implicadas en el caso.
Por el delito de fraude de subvenciones solicita para Rogelio Martínez, como presidente de CEIVAM, y para otras dos personas cinco años de prisión y una multa del "séxtuple" de la cuantía defraudada.
Por el delito de malversación de fondos públicos reclama para el ex presidente de CEIVAM y otras tres personas seis años de prisión e inhabilitación absoluta durante 10 años. Subsidiariamente reclama una multa de 12 meses a razón de 50 euros al día e inhabilitación especial para cargo o empleo público y derecho a voto por cinco años.
LA ACUSACIÓN POPULAR
El caso se originó a raíz de una denuncia del BNG que posteriormente contó en el respaldo del Grupo socialista. Durante años la Fiscalía solicitó el archivo de la causa. Once años después, ni siquiera el denunciante (BNG) sigue personado en la causa. La acusación popular recae en la Asociación para o Progreso do Ribeiro.
Desde la Asociación para o Progreso do Ribeiro se ha resaltado que "se tuvo que vencer numerosos atascos para que estos hechos sean juzgados en los tribunales", cuando se trata de delitos que "deberían perseguir de oficio la Fiscalía y las instancias públicas".