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El BNG ha apelado este miércoles a la "valentía" del PP para "soltar amarras con un pasado incómodo y doloroso" para aprobar en el Parlamento gallego una ley "específica" de memoria histórica. En la misma línea, ha pedido a la Xunta que "lidere" la retirada de simbología franquista y de los honores que aún mantienen dirigentes de la dictadura.


De estas iniciativas encaminadas a reivindicar los "valores" por los que lucharon personas que fueron "perseguidas" y "represaliadas" ha dado cuenta en rueda de prensa el diputado nacionalista Luís Bará. "Sería un síntoma de normalidad y fortaleza democrática", ha argumentado.


Así pues, junto con una ley gallega que "mejore" la "insuficiente" norma estatal aprobada en 2007, ha demandado la creación de una "comisión de la verdad", que sea "independiente y plural" y en la que se contemple a las víctimas en un sentido más "amplio", desde 1936 a 1977.


Con la misma estrategia de que Galicia vuelva a ser un "referente" en políticas públicas de Memoria, ha reclamado la apertura de una oficina de atención a las víctimas del franquismo y que se reactive el proyecto interuniversitario 'Nomes e Voces', constituido con el bipartito y "desmantelado" por el gobierno que encabeza Alberto Núñez Feijóo.


DATOS DE 6.000 PERSONAS


Sus fondos están actualmente "guardados" en un almacén en Santiago "sin que los investigadores puedan acceder" a ellos, según ha denunciado Bará, partidario de que su información se destine a un archivo de memoria histórica.


Como ha indicado, este proyecto recoge datos de unas 6.000 personas represaliadas y fusiladas entre 1936 y 1939, una cifra que aumentaría al sumar "la violencia que no dejó rastro", en alusión a la ejercida sobre las mujeres a través de violaciones, tatuajes y torturas.


Otras de sus peticiones a la Xunta pasan por retomar el convenio con el Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) para proseguir con las exhumaciones, elaborar un "mapa de la memoria" y mantener la línea del bipartito de que San Simón sea "la isla de la memoria", por ser un espacio "simbólico" de "la resistencia y la lucha por la libertad".


RECLAMACIONES ESTATALES


En paralelo, el parlamentario del Bloque ha defendido la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, pues imposibilita "investigar crímenes de guerra o de lesa humanidad".


Además, ha reclamado que se tipifique como delito la exaltación del franquismo, del mismo modo que ocurre con la apología del terrorismo; y ha abogado por la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, cuya existencia ha juzgado "intolerable".


PAZO DE MEIRÁS


Al hilo de estas "demandas de salud democrática", preguntado sobre la negativa de la familia Franco a abrir el Pazo de Meirás, Luís Bará ha avanzado iniciativas para que cumpla con la obligación que rige para todos los bienes de interés cultural (BIC).


Y es que, según sus propias palabras, es "un escándalo" que esté "boicoteando deliberadamente" las normas al desconectar los sistemas de petición de visitas que fija la ley.

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