La Valedora do Pobo trasladó a los ayuntamientos gallegos la necesidad de contar con autorización para la instalación y uso de las cámaras de videovigilancia, además de obtener las renovaciones de estos permisos en los plazos previstos por la legislación.
La asociación Movemento polos Dereitos Civís presentó en esta institución diversos expedientes de queja en relación con la instalación de estos sistemas de vigilancia.
Tras las respuestas a los requerimientos de información, se ha detectado que varias administraciones locales no disponen de la autorización necesaria para cada videocámara o no la han actualizado, entre ellas varias que no se están utilizando.
Muchas de estas situaciones denunciadas se deben a la falta de renovación de las autorizaciones en los plazos designados por la legislación, donde las administraciones locales aglutinan un mayor volumen de quejas.
Por ello, se ha procedido a recordar a los ayuntamientos de la necesidad de cumplir con las autorizaciones para estos procedimientos en los tiempo que marca la ley, información que se ha trasladado a través de la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp).