Las CCAA del PP piden al Gobierno central que aporte el 50% de financiación de dependencia
jueves, 13 de marzo de 2025, 18:48
Catalina Cirer pide al Ejecutivo de Pedro Sánchez que "no se excuse con una prórroga presupuestaria para no destinar más recursos a las CCAA"
Las comunidades autónomas del Partido Popular han solicitado al Gobierno central que aporte "el 50% de la financiación" de dependencia, según le corresponde "por ley". Así lo han reclamado este jueves en la reunión en el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y Ayuda a la Dependencia entre los consejeros responsables del ramo con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.
En concreto, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha criticado que la reforma de la ley de dependencia aprobada por el Consejo de Ministros a mediados de febrero "no tiene contenido económico ni aportaciones para agilizar los plazos de acceso a la dependencia".
"Vamos a seguir pidiendo una financiación justa, del 50% al menos. Por poner un ejemplo, en la Comunidad de Madrid solamente se alcanzó el año pasado el 27%", ha esgrimido Dávila.
Preguntada por los recortes del PP en el sistema de dependencia durante el Gobierno del expresidente Mariano Rajoy, Dávila ha respondido que "desde que gobierna Pedro Sánchez, hace seis años, ha aportado cero euros adicionales a la dependencia".
En representación de Baleares, la consejera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, ha reivindicado la necesidad de acompañar los cambios legislativos de una memoria económica. "Nos encontramos con una ley de dependencia de 2006 que está infradotada. Del 50 por ciento que nos tendría que llegar del Ministerio, a Baleares sólo nos llega un 25%", ha señalado.
Respecto a la modificación legislativa, Cirer ha valorado positivamente las mejoras pero ha insistido en la necesidad de una cuantificación económica que permita desarrollar las medidas y que no se generen "falsas expectativas". Además, ha pedido al Gobierno de España que "no se excuse con una prórroga presupuestaria".
Por su parte, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha señalado que las "dos conclusiones" del Consejo Territorial son que "el Gobierno de España no va a incrementar la financiación de la dependencia" y que la modificación de la Ley no incluye memoria económica.
Así lo ha indicado López tras la reunión, en el que la Junta ha estado representada por la secretaria general de Inclusión Social, Ana Vanessa García. Tal y como ha remarcado la consejera, "el incremento de la financiación del Gobierno para la dependencia es de cero euros: ni lo hubo en el año 2024 ni lo va a haber en 2025".
En este sentido, ha apuntado que el Gobierno no sólo no aumenta la financiación, sino que "le debe a los dependientes andaluces más de 4.500 millones de euros desde 2019". A este respecto, López ha recordado que "el Gobierno de Juanma Moreno ha puesto desde 2019 más de 8.000 millones de euros al sistema de la dependencia en Andalucía mientras que Pedro Sánchez apenas ha aportado algo más de 3.500 millones".
En esta misma línea, el secretario autonómico de Familia y Servicios Sociales de la Generalitat Valenciana, Ignacio Grande, ha exigido al Gobierno central que "cumpla con la financiación para la dependencia que establece la ley con la Comunitat Valenciana".
Grande ha criticado que el Gobierno central "plantea una reforma de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social que no viene acompañada de una mejora de la financiación por parte del Estado"; y ha reprochado que "la deuda del Gobierno central con la Generalitat supera los 3.000 millones de euros".
Según ha señalado, en 2024, la aportación ministerial "se quedó en 284,5 millones de euros (20,45%), en tanto que la Generalitat debió afrontar 1.106,9 millones de euros (79,55 %), generando una infrafinanciación de 411,2 millones de euros". Así, ha denunciado que el porcentaje de la aportación del Gobierno central "disminuyó casi dos puntos, del 22,29% al 20,45%".
Por su parte, la consejera de Política Social e Igualdad de la Xunta de Galicia, Fabiola García, ha agradecido la "buena voluntad" del Ministerio con la dependencia, pero ha lamentado que "la voluntad no sostiene el sistema".
García ha hecho hincapié en que "una vez más", la respuesta del Gobierno central ante la dependencia "es la infrafinanciación" y ha puesto como ejemplo el caso de Galicia, en el que, según ha insistido, las ayudas al sistema de atención a la dependencia por parte del Gobierno central "se reducen de un año a otro", al pasar "del 40% en 2023 al 34,9% en 2024", lo que provoca que "la deuda acumulada con Galicia en esta materia supere los 2.500 millones de euros".
Por otra parte, ha solicitado la actualización y mejora del baremo de la dependencia "que se marca a nivel estatal" y que, en su opinión, "está obsoleto"; y ha pedido que se establezca que el envejecimiento de la población y la dispersión tengan un mayor peso en los criterios generales de financiación.
Desde Aragón, la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha defendido que el Gobierno de España debe comprometerse "con cifras y un cronograma ajustado" a "cumplir con la financiación que le corresponde por Ley" y también presentar "una memoria económica real y suficiente" que acompañe la norma.
"Si la reforma no conlleva una mejora de la financiación por parte del Estado, que no está cumpliendo siquiera con el 50% de la dependencia que contempla la norma ahora mismo, será otro ejemplo de esos 'derechos de papel' que tanto gustan a las izquierdas", ha lamentado la Consejera.
Según ha indicado, en 2023 el gasto total de Aragón en el sistema público de atención a la dependencia fue de 291.785.487,78 millones de euros; y la suma total de la aportación del Estado fue de 98.285.128,24 millones de euros --el 33,68% de esos 291 millones-- frente a la Comunidad Autónoma que sufragó el 66,32% restante.
"DE ESPALDAS A LAS COMUNIDADES"
En representación de Murcia, la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha solicitado una memoria económica y un plan de recursos humanos y ha criticado que "el Ejecutivo central ha vuelto a plantear una ley sin recursos y, una vez más, de espaldas a las comunidades autónomas".
Además, ha preguntado al ministro "hasta cuándo las CCAA" van a seguir soportando con fondos propios la mayor parte de los gastos de la dependencia" que, en el caso de la Región de Murcia superó los 332 millones el año pasado (40 millones más que en 2023), siendo más de 244 millones asumidos por el Gobierno regional, frente a los 88 que aporta el Estado, según ha señalado. "Una carga presupuestaria que ya resulta asfixiante", ha agregado.
También desde Cantabria, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, ha reclamado al Ministerio de Derechos Sociales la financiación "comprometida" del 50% del sistema de atención a la dependencia.
Durante su intervención, ha criticado que la "congelación" de la financiación por parte del Ejecutivo nacional "convierte los derechos de las personas en situación de dependencia en papel mojado" y ha alertado de que se está provocando "un espejismo y falsas expectativas".
Desde Derechos Sociales han explicado que durante este Consejo Territorial, han propuesto a las CCAA que utilicen el espacio fiscal que quedará liberado con la quita del 50% de la deuda autonómica para mejorar la financiación del Sistema.
Según han informado en un comunicado desde el Ministerio, han coincidido en la necesidad de mejorar la financiación de la Dependencia, han subrayado la urgencia de aprobar unos nuevos Presupuestos y se han comprometido a continuar con el esfuerzo inversor realizado en los últimos años por el Gobierno de coalición, que ha incrementado "un 150%" la financiación desde 2020.