La prisión de Mas d'Enric. Foto: Wikipedia


 

El asesinato de Núria, una trabajadora penitenciaria del Centro Penitenciario de Mas d’Enric (Tarragona), del que está a punto de cumplirse un año, puso de relieve las deficiencias en seguridad en las cárceles catalanas y llevó a la Conselleria de Justícia a tomar medidas, como restringir el acceso de los internos más peligrosos a zonas de alto riesgo, como las cocinas. Según CSIF, esta fue la "única decisión coherente" tomada por el conseller Espadaler en esos meses.

 

Sin embargo, un año después, la Sindicatura de Greuges ha instado a la Generalitat a revocar esta restricción, permitiendo nuevamente el acceso de presos peligrosos a estos espacios.

 

En el Informe Anual del Mecanismo de Prevención de la Tortura, presentado a principios de esta semana, la síndica Esther Giménez-Salinas argumenta que la gravedad de los delitos cometidos por los internos no debería ser un criterio automático para su exclusión de ciertos trabajos, y que restringir el acceso a utensilios peligrosos, como cuchillos, podría ser visto como una limitación de sus derechos.


 

"Una vergüenza"

CSIF ha salido al paso de esta opción, calificando la propuesta de la Síndica como una "auténtica vergüenza".

 

El sindicato de funcionarios, de hecho, va más allá y acusa a este organismo de priorizar los derechos de los presos sobre la seguridad de los funcionarios penitenciarios. CSIF cree que esta postura refleja un sistema que "está más preocupado por defender al delincuente que por proteger a sus servidores públicos", y resalta que los funcionarios penitenciarios también son víctimas de agresiones, algunas graves, por parte de los reclusos.

 

En respuesta a las medidas propuestas por la Sindicatura, como la instalación de cámaras de vigilancia, arcos detectores de metales y reforzar los registros, CSIF reconoce su importancia, pero insiste en que lo fundamental es mantener el veto a los presos peligrosos en las zonas de alto riesgo. El sindicato subraya que la seguridad de los trabajadores penitenciarios debe ser la prioridad y señala que es necesario que se implementen las medidas de protección adecuadas.

 

Piden "medidas reales de seguridad" en las cárceles

Por ello, hacen "un llamamiento urgente a la Generalitat y al conseller Espadaler" para que dejen de ignorar la situación del colectivo penitenciario y adopten "medidas efectivas en términos de seguridad".

De esta forma, CSIF pide:

Que no se modifique ni una coma del veto a los presos violentos en lugares de riesgo.

Un mayor control sobre asociaciones, observatorios y colectivos hipersubvencionados que solo buscan ensuciar la imagen del colectivo penitenciario.

Que el conseller Espadaler deje de ser "invisible" y tome medidas efectivas más allá de atar cuchillos a las mesas de trabajo.

Dotar a los funcionarios de aerosoles de acción adecuada.

El reconocimiento del personal penitenciario como agentes de la autoridad.

Suministrar medicación diluida a los multirreincidentes.

Separar a los internos inadaptados del sistema del resto de la población reclusa que sí cree en la reinserción.

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