Los vecinos, con el apoyo del colectivo ecologista Adega, temen que la granja afecte un humedal cercano que abastece de agua a varias localidades, incluyendo Camoiras, Cerracín, Carballal, A Retorta, Penelas, una casa de Corra en Vilalvite y O Outeiro en Lugo, impactando a unas 145 personas. También denuncian que las obras, como el ensanchamiento del camino de acceso, se realizaron de manera ilegal, cortando vidueiros en varias hectáreas, y que el proceso de autorización fue precipitado, sin garantías ambientales y sociales adecuadas.
La asociación ecologista Adega también denuncia obras no autorizadas, como la deforestación, la extracción de suelo y la minería de piedra en terrenos comunales adyacentes, creando un estanque de lodo peligroso. Estas acciones, según el colectivo, se realizaron sin los permisos necesarios, y las alegaciones presentadas por Adega fueron ignoradas en el proceso.
Por su parte alcalde José Ángel Santos asegura que el proyecto cumple con las normativas y que el concejo no puede denegar la licencia. En una reunión organizada con los vecinos la ingeniera Isabel Arza, responsable del proyecto, destaca que la granja incluye medidas como el almacenamiento del purín en una bolsa hermética con doble capa para evitar fugas y la creación de un jardín con plantas autóctonas, superando los requisitos ambientales.
Parte de la discusión se produce porque el Ayuntamiento dio un permiso verbal para las obras del camino. El alcalde respondió a las críticas sobre las obras del camino, afirmando que el concejo dio un permiso verbal para las mejoras, considerando que no requiere licencia formal al ser un camino municipal inventariado y solicitado por la comunidad de montes en una asamblea de abril de 2022.
El proyecto de la granja porcina ha sido objeto de debate desde su anuncio, con los vecinos organizándose a través de la asociación vecinal Agro da Pena da Vila, que cuenta con unos 90 socios. Esta asociación decidió, tras una reunión el 17 de febrero de 2025, recurrir ante la Justicia para paralizar la construcción, citando preocupaciones sobre la contaminación del agua, la calidad del aire, los olores y la devaluación de las propiedades.
Román Gil portavoz de los vecinos afectados alertó hoy en Radio Nacional que “no verán non temos auga, o acuífero que temos é pobre, non ten unha cantidade de auga ilimitada” por lo que “se o que fan é excavarnos no monte, os veciños vamos a estar sen agua”.
Las emisiones potenciales, como metano y amoníaco, también preocupan a los vecinos, quienes temen que afecten la calidad del aire y la salud de las 145 personas que viven a menos de un kilómetro de la granja. Este aspecto, junto con la posible devaluación de las propiedades, ha generado un fuerte rechazo entre la comunidad.