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De abonar 60.000 euros por la responsabilidad civil, las penas se rebajarían de 20 a siete años y de 10 a cinco

El juicio contra dos hombres acusados de apuñalar y disparar a un joven en Ribeira y amenazar de muerte a otro, así como contra las dos personas que los encubrieron e intentaron ayudarlos a huir a Portugal, se ha suspendido tras negociar las partes con la Fiscalía un acuerdo de conformidad que, a la espera del pago acordado de la responsabilidad civil (60.000 euros), se ratificará el próximo 17 de marzo.

En declaraciones a los medios, la abogada de dos de los acusados, Carmen Ventoso, ha detallado que el acuerdo alcanzado con Fiscalía y acusación particular tiene como condicionante el abono de la responsabilidad civil.

En concreto, la acusación solicitaba 400.000 euros y el Ministerio Fiscal 85.000, mientras que este miércoles se ha acordado que se abone un total de 60.000 euros. De ellos, según ha explicado la letrada, 30.000 ya han sido consignados en la cuenta del juzgado y los otros 30.000 tendrían de plazo hasta la fecha para la que se ha pospuesto el juicio.

Además del pago de la responsabilidad civil, el acuerdo también fija que se reduzca la pena de prisión de uno de los acusados de 20 años de prisión y expulsión a siete años y sin expulsión. En el caso del segundo de los acusados, para el que se pedían 10 años, la pena quedaría en cinco.

Así, a espera de que se consigne en la cuenta del juzgado lo que resta hasta 30.000 euros, el juicio ha quedado suspendido hasta el 17 de marzo. De abonarse la cantidad, no se celebraría y se dictaría sentencia de conformidad, tal y como ha manifestado la abogada.

"En el caso de no abonarse, sí se celebraría, pero, en principio, hay voluntad de afrontar la responsabilidad civil porque de hecho ya se consignó en la cuenta del juzgado dinero", ha asegurado Carmen Ventoso que, aunque no ha valorado qué harán los otros dos acusados, ha apuntado que "en principio habría posibilidad de conformarse".

ESCRITO FISCALÍA
Los hechos se remontan a la madrugada del 21 de mayo de 2023, cuando los dos principales acusados, de origen dominicano, tuvieron una discusión con una de las víctimas en la zona del Malecón. Tras el encontronazo, se fueron a su domicilio a buscar una pistola y un cuchillo y regresaron a buscar a esta persona, a la que amenazaron con matarla encañonándola con el arma.

Uno de los procesados llegó a efectuar un disparo con intención de acabar con su vida, pero no llegó a impactarle porque la víctima logró esquivarlo.

Fue en ese momento cuando intervino el segundo perjudicado, amigo de la primera víctima, que trató de impedir que los agresores lo persiguiesen. Tras un forcejeo, resultó "gravemente herido" al ser apuñalado en cuatro ocasiones en la zona lumbar por uno de los acusados. El otro, por su parte, le apuntó con la pistola y disparó, hiriéndole en el costado izquierdo. La bala le atravesó los pulmones y quedó alojada en el hígado.

Los procesados, según el escrito fiscal, se deshicieron entonces de las armas --dejaron el cuchillo en la propia calle y la pistola fue arrojada al mar, donde fue localizada por los agentes días más tarde-- y contactaron con dos conocidos para que los ocultasen en otra vivienda y los trasladasen hasta Oporto para "poder abandonar el país y evitar ser capturados por la Policía".

Finalmente, fueron interceptados y detenidos por agentes de la Policía en el peaje de la AP-9 a la altura de O Porriño.

El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de dos homicidios en grado de tentativa, de un delito de tenencia ilícita de armas --ya que carecían de permiso-- y de un delito de encubrimiento. Por ello, pedía para el principal acusado, autor de los disparos que impactaron en una de las víctimas, 20 años de prisión, mientras que el otro se enfrenta a 10 años de cárcel. Para los encubridores reclamaba tres años de prisión y para el herido, que tuvo que permanecer ingresado en la UCI, solicitaba una indemnización de algo mas de 85.000 euros.

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