El sanatorio psiquiátrico La Robleda, ubicado en O Pino, A Coruña, se encuentra en el ojo del huracán tras una visita inesperada del Defensor del Pueblo que ha revelado presuntas violaciones de derechos y mala praxis en el tratamiento de pacientes con enfermedades mentales. El informe, elaborado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, ha desencadenado una investigación de la Fiscalía y ha puesto en entredicho la gestión del centro, que mantiene un concierto con la sanidad pública gallega.
La Xunta reacciona indicando que oersonal inspector de la Consellería de Sanidade ha realizado una nueva inspección al hospital psiquiátrico La Robleda, en O Pino, tras el informe del Defensor del Pueblo que apuntaba a malas prácticas en esta institución, y espera a tener el "informe completo" para tomar "cuantas medidas sean necesarias" en relación a este centro.
Entre las irregularidades detectadas, destacan casos de pacientes inmovilizados durante semanas y otros encerrados en sus habitaciones por días. Una situación particularmente alarmante es la de una paciente que lleva 11 años ingresada de forma involuntaria, un plazo que el Defensor del Pueblo considera injustificable. Además, se han registrado denuncias de abusos sexuales y trato denigrante por parte del personal.
La secretaria xeral técnica de Sanidade, Natalia Lobato, durante una comparecencia en la Comisión de Sanidad del Parlamento para responder a una pregunta formulada por la diputada del BNG Iria Carreira sobre la situación de La Robleda, confirmó la nueva inspección..
El informe señala que La Robleda carece de un protocolo adecuado para denunciar situaciones de violencia o malos tratos. Las quejas se recogen de manera informal, sin dejar constancia ni seguimiento. La presencia de cámaras de videovigilancia en todas las habitaciones supone, según el Defensor, una violación del derecho a la intimidad recogido en la Convención de las Naciones Unidas de las Personas con Discapacidad.
El grupo Hestia Alliance, propietario de La Robleda, ha defendido su actuación alegando que toda su actividad se desarrolla "bajo criterios y supervisión médica". La empresa cuestiona la metodología empleada por el Defensor del Pueblo y destaca que la Xunta supervisa "de manera exigente" su servicio con un resultado "muy satisfactorio".
A raíz de estas denuncias, la Fiscalía provincial de A Coruña decidió abrir diligencias y ha avanzado que realizará una inspección a este centro, un control que también ha reclamado el BNG este jueves a la Xunta toda vez que mantiene un concierto activo.
En su respuesta en comisión, Natalia Lobato ha asegurado que Sanidade, tras recibir el informe del Defensor del Pueblo, ha realizado "una nueva inspección en el centro", que ha situado "en el marco de su labor continua de seguimiento y control".
PRÓXIMO ACUERDO MARCO
A mayores, ha avanzado que el próximo acuerdo marco vinculado para la prestación de este tipo de servicios contará con una serie de requisitos y protocolos con el objetivo de primar la seguridad de sus usuarios, atendiendo a las recomendaciones formuladas en el informe del Defensor del Pueblo.
Entre otros, para poder concurrir al proceso de licitación, estos centros deberán contar con protocolos de contención mecánica -al igual que todos los hospitales públicos-, protocolos destinados a prevenir e identificar la violencia (incluida la violencia contra los profesionales), protocolos destinados a la mejora de la salud física (cómo pueden ser los programas de prevención y tratamiento de trastornos aditivos), así como programas destinados al uso racional de los fármacos.
La secretaria xeral técnica ha garantizado que la Xunta realiza inspecciones periódicas y auditorías a este centro privado, otorgando las autorizaciones pertinentes conforme a la normativa vigente. En estas visitas, Sanidade comprueba el cumplimiento de los requisitos técnico-sanitarios y las condiciones previstas en el Decreto de autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.
"Tenemos el máximo interés en que se esclarezcan los hechos y en que se preste la mejor asistencia posible a los pacientes", ha subrayado Lobato, incidiendo en que para eso "se llevarán a cabo todas las iniciativas" que estén "en la mano" de la Xunta "para ofrecer la mejora calidad asistencial a los pacientes ingresados".
INFORMACIÓN EN EL PARLAMENTO
Coincidiendo con esta comparecencia, el Movemento Galego pola Saúde Mental ha emitido un comunicado en el que califica que "difícil de digerir" que en el año 2025 se tenga conocimiento de "centros donde hay pacientes en contención mecánica de duración prolongada, o en aislamiento en la habitación durante días a modo de castigo", así como vulneración del "derecho a la privacidad manteniendo cámaras de vídeo-vigilancia 24 horas en la mayoría de las habitaciones".
En su escrito, el Movemento alude a la responsabilidad de la Xunta como gestora de la sanidad gallega y en virtud del convenio que mantiene con el centro y critica la instrucción interna filtrada y publicada por Eldiario.es en la que la Subdirectora de Saúde Mental dá indicaciones sobre "no responder en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Galicia a las preguntas sobre la financiación pública y el número y tipo de pacientes que deriva al Sanatorio La Robleda".
Natalia Lobato también se ha referido durante su comparecencia a esta instrucción, lamentando que se esté utilizando políticamente "un correo interno de trabajo", mientras que la nacionalista Iria Carreira le ha afeado que "lo grave no es que se filtre un correo interno, si no la atención que se está dando a los pacientes".