La Audiencia Provincial de Ourense ha emitido dos sentencias que obligan a Ford y Renault a devolver un total de 6.200 euros a cuatro compradores locales, afectados por las prácticas ilícitas del denominado 'cárte
l de los coches'. Estas resoluciones, gestionadas por el bufete de abogados de Juan José Pérez Barreiro en O Carballiño, podrían establecer un precedente para futuras reclamaciones en la provincia.
Prácticas anticompetitivas en el sector automotriz
Entre 2007 y 2013, aproximadamente el 93% de las empresas fabricantes y distribuidoras de automóviles en España intercambiaron información comercial sensible y estratégica, afectando tanto a la distribución como a los servicios postventa de las marcas involucradas. Este comportamiento fue considerado una práctica restrictiva de la competencia, perjudicando a los consumidores con sobrecostes en la adquisición de vehículos.
Las sentencias dictaminan que los afectados que adquirieron vehículos durante ese periodo tienen derecho a recuperar alrededor del 7,5% del precio pagado. En el caso de los cuatro ourensanos, esta compensación asciende a 6.200 euros.
Repercusiones legales y futuras reclamaciones
Estas decisiones judiciales podrían influir en numerosas demandas similares en Galicia y el resto de España. Según fuentes jurídicas, ya se han emitido alrededor de 1.300 fallos en primera instancia por más de 80 juzgados de lo mercantil en todo el país, con indemnizaciones que oscilan entre el 5% y el 7% del valor de compra del vehículo.
¿Qué fue el cartel de los coches?
El 'cártel de los coches' fue un acuerdo ilegal establecido entre la mayoría de los fabricantes de automóviles que operaban en España entre febrero de 2006 y agosto de 2013. Durante este periodo, estas empresas intercambiaron información confidencial y estratégica con el objetivo de controlar el mercado de distribución y servicios postventa, lo que resultó en una restricción de la competencia y en perjuicios económicos para los consumidores.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investigó estas prácticas y, en 2015, impuso multas que superaron los 170 millones de euros a las empresas implicadas. Las sanciones fueron posteriormente ratificadas por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, confirmando la ilegalidad de las acciones de estas compañías.
Entre las marcas involucradas en este cártel se encuentran Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Lexus, Mazda, Mercedes Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Toyota, Volkswagen y Volvo. Se estima que alrededor del 91% de los compradores de vehículos en España durante el periodo mencionado podrían haberse visto afectados por estas prácticas anticompetitivas.
Como resultado de estas acciones ilegales, los consumidores que adquirieron vehículos de estas marcas entre 2006 y 2013 pueden tener derecho a reclamar una indemnización por el sobrecoste pagado. Diversas organizaciones y despachos de abogados han puesto en marcha iniciativas para ayudar a los afectados a gestionar sus reclamaciones y obtener compensaciones por los daños sufridos.