Sinaí Giménez (Sociedad Gitana) avala a una firma de desokupas, pero advierte a los "matones"
lunes, 10 de febrero de 2025, 18:40
La Sociedad Gitana Española ha sellado un acuerdo de mediación con OPS2 Servicios, S.L., con sede en Olías del Rey (Toledo), para promover desalojos "pacíficos y legales". Según la asociación, el objetivo es evitar que los conflictos entre ocupantes y empresas deriven en violencia, especialmente cuando intervienen "matones" —término que usan para describir a trabajadores de otras empresas que emplean coacciones o fuerza física.
El presidente de la entidad, el vigués Sinaí Giménez, subraya que el pacto responde a la preocupación por casos donde menores o personas vulnerables se han visto involucradas en enfrentamientos. "No podemos permitir que se normalice la violencia. Hay alternativas", insiste. Por su parte, Rogelio Gómez, gerente de OPS2, defiende que su modelo se basa en negociación y control de acceso legal, sin cortes de suministros ni amenazas.
La polémica de las ocupaciones: entre la desesperación y el limbo legal
El fenómeno de la okupación se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los españoles, según estudios recientes. Mientras el Gobierno derogó en enero el decreto antidesahucios —vigente desde 2020— para agilizar los desalojos, miles de propietarios recurren a empresas privadas ante la lentitud judicial. Estas compañías operan en un limbo legal, ya que no están registradas como entidades de seguridad y su actividad oscila entre la mediación, la presión psicológica y, a veces, la intimidación física.
Sin embargo, el sector está bajo escrutinio. Partidos como Podemos exigen su ilegalización, alegando que algunas incurren en prácticas delictivas. De hecho, en los últimos meses, líderes de empresas como Antiokupa Tarraco han sido detenidos por presunta organización criminal, con denuncias por coacciones y amenazas de muerte. La empresa de Dani Esteve, Desokupa, también ha generado mucha polémica por lo agresivo de las tácticas empleadas.
"Contratar matones tiene consecuencias penales para el propietario"
La Sociedad Gitana advierte: los dueños que contraten empresas con métodos violentos podrían enfrentar responsabilidad penal. "Si ocurre una desgracia, tendrán que personarse en el juzgado", advierte Giménez. Este mensaje busca disuadir a quienes , optan por servicios que emplean intimidación —como vigilancias agresivas o daños a propiedades—, prácticas que la ley tipifica como delitos.
El acuerdo llega en un momento clave en el sector inmobilario. Los precios del alquiler y la compra siguen al disparados, y la inseguridad jurídica impulsa a algunos propietarios a buscar soluciones exprés, a veces bordeando la ley. Mientras, organizaciones sociales alertan de que la vulnerabilidad de muchos ocupantes —a menudo familias sin recursos— no justifica la ilegalidad, pero exige enfoques más sociales que policiales o los que aplican estas polémicas compañías.
La polémica, en definitiva, refleja un conflicto mayor: la tensión entre el derecho a la propiedad y la protección de los vulnerables.