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Sanidade "evalúa" el informe y afirma que trabaja "en un acuerdo marco" para renovar protocolos con entidades que prestan servicios concertados

El Defensor del Pueblo ha emitido un informe sobre el Sanatorio Hestia La Robleda, un psiquiátrico privado situado en O Pino (A Coruña), en el que constata varias situaciones de "mala praxis", contenciones mecánicas injustificadas e, incluso, acusaciones de abuso sexual contra un trabajador.

El documento, publicado este jueves por 'El País', se ha escrito tras una inspección de un equipo técnico realizada el pasado mes de septiembre, cuando había allí 94 personas internas, en el marco de un programa de salud mental para comprobar las condiciones en las que se encuentran las personas ingresadas en este hospital que tiene servicios concertados con el Servizo Galego de Saúde (Sergas).

Fuentes de la Consellería de Sanidade consultadas por Europa Press desvelan que, actualmente, hay en La Robleda 26 pacientes derivados de la pública.

A raíz de este informe, el Defensor del Pueblo, institución que dirige Ángel Gabilondo, hace una serie de recomendaciones y sugerencias tanto a la Administración autonómica como a la empresa titular del centro para subsanar todas las deficiencias detectadas y revisar los protocolos.

Los técnicos describen cómo la estancia media global en La Robleda es de unos 187 días, por encima de la media en psiquiatría en Galicia. Incluso hay pacientes que permanecen años de forma involuntaria y "pese a su estabilidad clínica".

También señala el Defensor del Pueblo que las ratios de personal "no se consideran idóneas". Por ejemplo, en el momento de la inspección, solo había una psicóloga para atender a los 94 pacientes.

"CASTIGOS" Y CONTENCIONES MECÁNICAS
El equipo desplazado hasta allí confirmó que el régimen disciplinario dispone de "castigos", algo que "resulta poco terapéutico". De hecho, les llamó la atención que una enfermera emplease la palabra "castigo" para referirse a la contención habitacional de uno de los dolientes.

Más allá de que "no existe un protocolo bien establecido y operativo" para denunciar violencia y malos tratos, sino que se gestiona a través de la trabajadora social, las contenciones mecánicas --incluso en el propio cuarto-- son "una práctica habitual" y que algunas pueden durar días, incluso sin que el paciente en cuestión mostrase agresividad.

"Se pudo corroborar en una de las historias clínicas, no siendo un caso aislado, una contención de nueve días, seguida de tres días más de aislamiento habitacional. Esto supone una vulneración grave de los derechos básicos de las personas ingresadas", señalan los técnicos.

Junto a esto, se practican aislamientos habitacionales de forma "muy común", sin que se recoja en los documetnos del hospital y sin "ningún soporte legal".

"EPISODIOS DE ABUSO SEXUAL"
En este contexto, hay un caso de una paciente que, según su expediente evolutivo, manifestó "haber sufrido episodios de abuso sexual" por parte de un trabajador que le realizó tocamientos en sus partes íntimas y la insultaba mientras estaba contenida físicamente.

Además, en el análisis de la historia clínica de otro paciente, que tocó el pecho a la misma mujer. Sin embargo, no hay ninguna alusión en el expediente de ella. Tampoco consta que, en ninguno de los dos casos, se activase el correspondiente protocolo por abusos.

En cuanto a los tratamientos con fármacos, se comprobó que hay "un número elevado" de dolientes que recibían "politerapia de antipsicóticos y otras clases" y otros a los que se les suministraba dosis "fuera de la ficha técnica".

De hecho, "en prácticamente todas las entrevistas" con preguntas sobre el tratamiento realizadas a las personas ingresadas, "ninguna conocía" qué estaba tomando. Tampoco hay "un plan de reducción o racionalización del tratamiento farmacológico".

Los técnicos describen un "trato discriminatorio" en el acceso a los dispositivos tecnológicos entre los ingresados en módulos de psiquiatría y en el módulo sociosanitario: "Siendo que hay personas ingresadas desde hace más de 20 años, privarlos del uso de tecnología supone una situación clara de vulneración de derechos".

CÁMARAS DE MANERA "IRREGULAR"
El informe del Defensor del Pueblo también denuncia la violación del derecho a la intimidad y privacidad por la presencia de cámaras de videovigilancia en parte de las habitaciones y que "tienen previsto ampliar el área de cobertura" a todos los cuartos. Esto se hace de manera "especialmente irregular", porque no está registrado en ninguno de los documentos del funcionamiento del centro.

Asimismo, se constata que hubo menores de edad ingresados y que se cerraron dos habitaciones en la segunda planta "para generar un falso espacio diferenciado". Así, el menor en cuestión tenía "poco más que su habitación y una pequeña sala común", sin acceso al resto del centro con la misma libertad que el resto de personas.

Sobre las instalaciones, el informe destaca que "están limpias y bien mantenidas", pero reprocha que el propio hospital está "en un enclave rural bastante aislado de núcleos urbanos, lo que dificulta el desarrollo de un plan de rehabilitación psicosocial dirigido al disfrute de una vida autónoma y normalmente socializada".

Pese a que el reglamento de La Robleda recoge que la inserción en la comunidad es "una parte de su enfoque", esto contrasta con que tampoco cuenta con un "procedimiento específico para diseñar un plan de rehabilitación individualizado para cada paciente".

EL BNG EXIGE "RESPONSABILIDADES"
Tras darse a conocer este demoledor informe, el BNG ya ha confirmado que va a exigir "responsabilidades" a la Xunta desde el Parlamento ante la "gravísima situación" de este psiquiátrico de O Pino y censura que tenga "financiación pública" al tener servicios concertados con el Sergas.

En palabras de la diputada nacionalista Iria Carreira, estos hechos descritos por el Defensor del Pueblo "dan muestra de la escasa preocupación" del Gobierno gallego por la salud mental y los pacientes psiquiátricos. El Bloque exige "medidas" para que esto no se repita, "ni en un centro privado, ni en uno concertado y, mucho menos, en un centro público".

SANIDADE ESTÁ "EVALUANDO" EL DOCUMENTO
Sobre este asunto, precisamente, se ha pronunciado este jueves durante una visita a Lugo el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, quien ha confirmado que su departamento está "evaluando" el documento del Defensor del Pueblo "para ver los hechos reales".

"Está claro que tenemos que velar también por la atención sanitaria de los pacientes que se derivan a este tipo de entidades", ha constatado Gómez Caamaño, quien también ha avanzado que la Subdirección Xeral de Saúde Mental está "trabajando en un acuerdo marco" para la licitación de servicios que estas entidades prestan al Sergas y que incluirá las recomendaciones que hace el Defensor.

Según fuentes de la Consellería de Sanidade consultadas por Europa Press, este acuerdo marco dispondrá de "protocolos actualizados" para prevención de suicidios --igual que en los hospitales públicos--, así como para la detección de abuso y malos tratos, entre otras mejoras.

Finalmente, Sanidade señala que el Defensor del Pueblo "únicamente establece una serie de recomendaciones" tanto a la Adminsitración como a la empresa del centro y que "en ningún caso actuación alguna en el ámbito penal".

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