El SERGAS admite su error: ocho meses sin avisar a un paciente de Vigo que tenía cáncer
miércoles, 5 de febrero de 2025, 18:32
La Consellería de Sanidade deberá compensar con 25.000 euros a la hija y la viuda de un paciente del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo que no fue informado durante ocho meses de que tenía un tumor en el riñón. El hombre, de 64 años, falleció en abril de 2022.
En una resolución reciente, la Administración autonómica reconoce que la demora en la comunicación del diagnóstico supuso una "pérdida de oportunidad de una mejor evolución" para el paciente. La familia había presentado una reclamación con la asistencia de la abogada viguesa Miriam Barral.
Ocho meses sin respuestas
Todo comenzó el 25 de marzo de 2020, en pleno inicio del confinamiento por la COVID-19, cuando el hombre acudió al centro de salud tras detectar sangre en la orina. Fue derivado de manera urgente a Urología, y en abril le realizaron diversas pruebas, entre ellas un urotac. Sin embargo, nadie se puso en contacto con él para informarle de los resultados.
No fue hasta el 4 de diciembre de 2020, cuando el paciente acudió nuevamente al médico por una fuerte lumbalgia, que el facultativo revisó su historial y descubrió que tenía un urotac pendiente desde abril. Al preguntarle si había sido visto por el urólogo, el hombre respondió: "Nadie me llamó, supuse que todo estaba bien".
Tras esta consulta, fue remitido de nuevo a Urología, donde el 14 de diciembre le informaron de que tenía un tumor de cinco centímetros, que ya afectaba a la pelvis renal.
Un error sin explicación
Durante la tramitación del expediente, ni el servicio de Urología ni el departamento de Admisión del hospital pudieron explicar por qué el informe del urotac no había sido evaluado antes.
El propio paciente inició el proceso de reclamación en noviembre de 2021, meses antes de fallecer el 17 de abril de 2022. Tras su muerte, su hija asumió el expediente y reclamó más de 120.000 euros en total para ella y su madre.
Inicialmente, la Consellería de Sanidade rechazó concederles una indemnización. No obstante, un dictamen del Consello Consultivo, emitido el 31 de julio de 2024, concluyó que sí debía reconocerse una compensación de 25.000 euros.
Aunque la familia podría recurrir para reclamar una mayor indemnización, su abogada señala que su objetivo principal era que la Administración reconociese el error cometido, más allá del importe económico.