El documento permite reforzar las ayudas dirigidas a vivienda y a suministros, pero también obligará a cumplir una serie de deberes

El Ayuntamiento de Lugo ha anunciado una modificación de las cuantías y prestaciones de emergencia social, así como un nuevo sistema de pago en cuanto entre en vigor una nueva ordenanza, "para hacerla más efectiva y acorde a la realidad actual".

Así lo ha trasladado la concejala de Bienestar Social y Mayores, Olga López Racamonde, que ha prometido un incremento de hasta un 57 por ciento más de su dotación económica, respecto al año 2024, "para atender a más familias y ayudarles en los gastos más demandados como pueden ser el pago del alquiler". Esta nueva normativa permitirá además disponer de una herramienta reguladora para estas aportaciones, ya que "hasta ahora se hacía a través de decreto".

La responsable de área ha hecho hincapié en el incremento de determinadas partidas, como las destinadas a pagar los gastos derivados del alquiler de las viviendas; del pago de suministro de luz, agua o gas; o los de alimentación, "partidas a las que más recursos se destinan de los reservados a las ayudas de emergencia social".

Asimismo, López Racamonde ha aclarado que las aportaciones para pagos de la vivienda suponen casi el 80 por ciento de todo el presupuesto contemplado, "muy por encima del 16 por ciento destinado al pago de alimentación". Ha explicado que, para estos capítulos, la nueva ordenanza contempla incrementos importantes, concretamente de un 66 por ciento, desde los 127.000 euros de 2024 hasta los 211.000 euros de este año.

"La nueva ordenanza se adapta a la realidad y busca atender las principales demandas, como es ayudar al pago de alquiler de la vivienda. Otros conceptos, como los gastos en alimentación, pueden suplirse con la atención que se presta en el Banco de Alimentos, en el Hogar de Transeúnte municipal, en la Cruz Roja o en Cáritas, con los que colaboramos, para que las personas receptoras de las ayudas por emergencia social no sean penalizadas y puedan recibir las aportaciones para, por ejemplo, el pago del alquiler", ha explicado la edil.

Además, Racamonde ha añadido que la nueva ordenanza establecerá 800 euros más al año para las familias que solicitan la aportación para el pago de alquiler, "que pasó de un máximo de 1.200 euros a los 2.000 euros anuales". "Lo mismo ocurre con el capítulo destinado al pago de suministro de luz, agua o gas, que también se incrementa hasta un máximo de 400 euros al año", ha manifestado.

Por último, la concejala ha recordado que a través de esta ordenanza se mantendrá un "control estricto, riguroso y transparente" de las ayudas de emergencia social, por lo que los y las beneficiarias deberán acreditar la situación de emergencia "y cumplir también una serie de deberes".

Olga López Racamonde ha señalado que con la implantación del Ingreso Mínimo Vital perciben "cierto descenso en el número de solicitantes de estas aportaciones de emergencia social, pero también es verdad que las demandas para el pago del alquiler están creciendo, ante la falta de políticas públicas de la Xunta, administración que tiene las competencias en este ámbito".

Ha considerado también que ha descendido el número de solicitantes porque hay varios gastos que son cubiertos por el Gobierno central, como los de oftalmología, de prótesis, bucodentales o el copago en las farmacias.

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