La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña celebrará el día 4 un juicio por un delito de insolvencia punible agravada por la cuantía y la titularidad pública de los créditos por el que Fiscalía pide para el acusado cuatro años de prisión.
Asimismo plantea el pago de una indemnización de 7,6 millones a la Agencia Tributaria y de 336.000 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social.
El Ministerio Público sostiene que el procesado fue administrador único de una mercantil, entre 2010 y 2018, "que carecía de estructura organizativa propia y diferenciada de la gestión que efectuaba personalmente en su nombre".
La sociedad, con domicilio en el parque empresarial de Alvedro, en Culleredo, fue declarada en concurso en diciembre de 2016 por un juzgado de lo Mercantil. En 2011 recibió una ayuda mediante el otorgamiento de un préstamo reintegrable de cinco millones de euros para la financiación de un proyecto de ingeniería, pero del que solo se reintegró una pequeña parte en los dos años siguientes y sin realizarse actividad alguna.
"Esta sociedad estaba vinculada a otras personas físicas con otras sociedades integradas en una presunta trama creada para optar a ayudas públicas y apropiarse de sus fondos y obtener cuantiosas devoluciones de IVA, todo ello amparado en documentos falsos emitidos por sociedades del mismo grupo", añade Fiscalía. La actividad cesó en 2014 dejando de atender a pagos a los que estaba obligado en años posteriores y hasta el concurso en 2016.