La comisión se cierra en menos de 4 meses al aprobar el PP un dictamen con toda la oposición en contra
martes, 28 de enero de 2025, 14:26
El BNG denuncia un "episodio de corrupción" con este órgano y el PSdeG propone a la Cámara que envíe la documentación a la justicia
La comisión de investigación de los contratos de la Xunta se ha cerrado este martes, menos de cuatro meses después de su constitución a comienzos de octubre, con la aprobación del dictamen elaborado en solitario por el PP en el pleno del Parlamento gallego.
El documento concluye que no hubo "ni una sola tacha de legalidad" ni en la construcción del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, ni en los contratos menores ni en pandemia emprendidos por el Gobierno autonómico. Estas conclusiones han contado con el 'no' de toda la oposicion: BNG, PSdeG y el diputado del Grupo Mixto, Armando Ojea, de Democracia Ourensana (DO).
Tras un debate en el que todas las partes prácticamente han calcado los argumentos expuestos durante todo el recorrido de la comisión, cuya creación impulsó el Bloque, los populares han hecho valer su mayoría absoluta para aprobar su dictamen y su propio voto particular, tras tumbar en la votación los dos presentados por nacionalistas y socialistas.
La primera en tomar la palabra ha sido la presidenta de la comisión, Elena Candia (PP), quien ha hecho un repaso por los plazos y trabajos realizados por este órgano: desde su constitución el 4 de octubre --la próxima semana se cumplirán cuatro meses--, pasando por las 36 comparecencias celebradas y hasta la última sesión, el 27 de diciembre, para aprobar el dictamen en la propia comisión.
"CORRUPCIÓN Y DEGRADACIÓN DEMOCRÁTICA"
Tras Candia, los portavoces de los grupos apenas se han salido de lo defendido en los últimos meses. El diputado del BNG Iago Tabarés ha tachado lo vivido en la comisión de "episodio de corrupción y degradación democrática" en el Parlamento gallego.
El nacionalista ha recordado que el Reglamento de la Cámara permite a un grupo de 25 diputados --justo los que tiene el Bloque-- crear un órgano de investigación, pero se ha quejado de que el PP lo controlase de facto al aprobar en solitario tanto sus normas de funcionamiento como su plan de trabajo. De hecho, el Bloque acudió al Tribunal Constitucional por entender que esto suponía una vulneración de los derechos de sus diputados.
Dicho esto, Tabarés ha vuelto a criticar que el listado de comparecientes no incluyese, entre otros, ni al expresidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo ni a personas de su entorno familiar por ser directivos de empresas que se beneficiaron de contratos con la Administración gallega, como Eulen y Universal Support.
También "faltaban documentos relevantes" que apuntaban a "irregularidades" en el Hospital Álvaro Cunqueiro, como uno interno del propio Sergas que desveló su grupo y que señalaba que la reducción de superficie construida con respecto al proyecto inicial estaba valorada en 30 millones de euros.
En resumen, Tabarés ha calificado al hospital vigués como el "mayor derroche de recursos públicos de la historia de la autonomía" y ha dicho que, si bien la contratación menor es "un sistema legal", debe utilizarse "excepcional y justificadamente".
"EL PP NUNCA PERSIGUIÓ LA VERDAD"
En una línea similar, la diputada del PSdeG Elena Espinosa ha censurado que el PP "nunca persiguió la verdad" con esta comisión y así lo demuestra, a su juicio, que "bloqueara comparecencias clave" como la de Feijóo y que aprobara un plan de trabajo "tarde, mal y a rastras.
La socialista ha cuestionado que todo se hubiese hecho "bien y perfecto" con el hospital vigués, porque la propia exconselleira de Sanidade Rocío Mosquera "reconoció en su comparecencia" que las polémicas por la apertura le costaron el puesto.
Asimismo, ha acusado al PP de dar un "volantazo" al proyecto del expresidente Emilio Pérez Touriño cuando llegó Feijóo en 2009, al pasar de impulsar el hospital a través de la Sociedade Pública de Investimentos (SPI) a hacerlo por un modelo público-privado "que nunca más se volvió a emplear".
"Los vigueses y viguesas son los únicos que no tienen un hospital público y ahora saben que costó 470 millones de euros más, que es más pequeño de lo previsto y que no cumple ni con el plan funcional ni con los objetivos previstos", ha resumido, en base al informe que el pasado verano publicó el Consello de Contas.
El Grupo Socialista ha defendido su voto particular como un "texto alternativo" al dictamen donde los gallegos pueden encontrar "la verdad". El PSdeG propone la creación de una nueva comisión de investigación, con un funcionamiento por mayorías cualificadas --para evitar que el PP impulse en solitario sus trabajos--, y que el propio Parlamento remita a la justicia la documentación recabada hasta el momento.
El diputado de Democracia Ourensana, que tampoco ha apoyado el dictamen y se ha abstenido ante los tres votos particulares, ha criticado a todos los grupos por el empleo "político" del órgano parlamentario, pero más especialmente al PP, por impulsar un listado de comparecientes que "tenían poco sentido" y porque no se envió "toda la documentación que se reclamó". Ojea incluso se ha permitido citar a Napoleón Bonaparte para asegurar que constituir una comisión era "la mejor manera de oscurecer el análisis de cualquier tema".
LA OPOSICIÓN, "DERROTADA" POR "LA VERDAD"
Enfrente, el diputado del PP Roberto Rodríguez ha vuelto a calificar a la oposición como "caballería de la infamia" que fue "derrotada" por "la verdad". Y es que, a su modo de ver, a nacionalistas y socialistas "son prófugos de la verdad" y "fracasaron" en conseguir sus objetivos.
Según Rodríguez, que fue el portavoz popular en la mayoría de sesiones de la comisión, la dirigente del BNG, Ana Pontón, buscó con este órgano "apuntalar su liderazgo" ante la Unión do Povo Galego (UPG) en el marco de la Asemblea Nacional que la reeligió como portavoz nacional. En cambio, ha añadido, Pontón "sale de la comisión más débil que nunca".
En el caso del PSdeG, el diputado del PP cree que quiso "tapar la corrupción que inunda" al Gobierno de Pedro Sánchez, pero está "más ahogado que en corrupción que hace dos meses". De hecho, en su última investigación ha exhibido un folio con una imagen impresa de una camiseta en la que se leía 'Aquí non houbo Koldos nin Aldamas'.
En este contexto, Rodríguez ha empleado su última intervención para insistir en la línea de las conclusiones del dictamen: a los funcionarios y cargos de la Xunta que intervinieron en los contratos examinados "no se les imputó ningún delito ni se les puso ni un solo reparo de legalidad" en las auditorías realizadas.
"Beneficiando a empresas amigas somos un desastre, tenemos que mejorar. Ustedes (a BNG y PSdeG) lo hacen mejor, ya quedó acreditado en la comisión de investigación", ha ironizado.
Y ha aprovechado para dirigirse al Bloque para volver a señalar que Pontón tiene "sin responder" una pregunta que lanzó hace meses Alfonso Rueda, sobre si podía asegurar que nadie de su entorno se había beneficiado de contratos de ayuntamientos gobernados por el BNG.