El procedimiento conocido como 'caso Nené Barral', abierto hace 25 años contra el exalcalde de Ribadumia y varias personas más por contrabando de tabaco, ha quedado este lunes visto para sentencia tras la celebración del juicio en la sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra, con 8 de los procesados en el banquillo, ya que el resto han ido falleciendo, entre ellos el propio Nené Barral.
El procedimiento judicial, el más antiguo de España pendiente de resolución, se inició en el Juzgado de Instrucción número 1 de Vilagarcía en el año 1999 por el juez José Antonio Vázquez Taín.
De los doce procesados iniciales en esta causa por contrabando de tabaco, este lunes se han sentado en el banquillo de los acusados tan solo ocho, ya que cuatro han muerto en este tiempo, entre ellos el supuesto cabecilla, el ex alcalde de Ribadumia José Ramón Barral Martínez, conocido como Nené Barral, fallecido en noviembre de 2023.
Su hermano Feliciano, también acusado, hizo uso de su derecho a la última palabra en el juicio para insistir en su inocencia y manifestar ante el tribunal: "Quiero vivir porque llevo 24 años sufriendo y sufriendo y sufriendo".
Fue similar el alegato final de su compañero de banquillo José Manuel S.G. "Llevo 25 años sufriendo este calvario, no me quedan fuerzas". El resto de acusados se acogieron a su derecho a no declarar.
Al finalizar la práctica de la prueba, el fiscal Augusto Santaló ha mantenido en sus conclusiones las peticiones de condena de entre dos y tres años de cárcel y multas de entre 1,8 y 15 millones de euros por el delito de contrabando; y por revelación de secretos por parte de funcionario público, que se traduciría en multas de 5.400 euros.
El representante del Ministerio Público ha reconocido que "no es lógico" estar juzgando este caso 25 años después, en una situación "absolutamente anormal".
La Fiscalía mantiene que los procesados formaban parte de una organización internacional que introdujo por el puerto de Vigo cuatro contenedores con 400.000 cajetillas de tabaco marca Magnum especial. Con todo, un auto emitido por la Audiencia pontevedresa el 1 febrero de 2023 anuló todas las escuchas telefónicas que fundamentaban la acusación.
Por su parte, los abogados de las defensas han pedido la absolución de sus patrocinados, y también han hecho hincapié en la gran demora en la tramitación de esta causa.