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Denuncian que omite cuestiones como "quién está detrás" de la financiera e incurre en errores en las referencias de terrenos

La Plataforma Mina Touro-O Pino Non ha solicitado amparo al Valedor do Pobo ante la "opacidad" que aprecian en la documentación presentada por los promotores de la explotación minera ideada en la comarca de Santiago y que se encuentra en fase de exposición pública.

En la tarde de este martes, varios miembros de la plataforma vecinal han presentado un registro ante la sede del alto comisionado del Parlamento de Galicia para solicitar que interceda en el acceso a la información del proyecto, que consideran que "oculta" asuntos como "quién está detrás" de la iniciativa y "quién respondería" en caso de producirse algún problema.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios, la miembro la plataforma Obdulia Lareo, quien ha denunciado que los promotores se escuden en "el secreto industrial" para "dejar en blanco" apartados de la documentación relativos, por ejemplo, al informe económico,.

Entienden que se trata de una estrategia de "opacidad" para "no relevar" quién es la financiera de la iniciativa promovida por Explotaciones Gallegas, Atalaya Mining y Cobre San Rafael. "Tenemos que saber quién está detrás, de quién sería la responsabildiad ante un fallo de los depósitos o cualquier problema", ha aseverado.

FINCAS
También denuncian que en la relación publicada en el Diario Oficial de Galicia de las fincas que serían expropiadas para llevar a cabo el proyecto --declarado por la Xunta como estratégico-- existen "errores", algunas están "equivocadas" sobre la extensión de superficie y otras "aparecen en blanco".

Aseguran que si se suma la superficie de las hectáreas de las fincas señaladas en la documentación "no alcanza" las 812 hectáreas que abarca el proyecto. En cambio, ha continuado, la consulta en el catastro de la superficie de las fincas "que aparecen en blanco" eleva la extensión total a 914 hectáreas.

De esta forma, se preguntan "cuál es la superficie real" de un proyecto que ven "igual" al presentado en el año 2017 y que recibió por parte de la Xunta una declaración de impacto ambiental negativa, por lo que consideran que debería rechazarse su tramitación en cumplimiento de la ley que impide que iniciativas que cuentan con informes negativos puedan reiniciar su camino administrativo.

"Es exactamente el mismo proyecto que el de 2020 y que está denegado", ha aseverado Lareo, que ha avanzado que la plataforma continuará con las movilizaciones y las acciones para tratar de frenar una iniciativa que ven una "amenaza" para los vecinos y el medio de vida de una zona en la que se asientan explotaciones ganaderas y en la que también tiene peso el sector servicios al ser el final de la penúltima etapa del Camino de Santiago.

De hecho, una delegación del colectivo será recibida este miércoles por el Grupo Parlamentario del BNG, según ha trasladado Lareo, que también ha confirmado que se producirá un encuentro con el PSdeG está pendiente de fijar fecha mientras esperan que el PP y Democracia Ourensana respondan a la solicitud trasladada a todas las fuerzas con representación en la Cámara autonómica.

COBRE SAN RAFAEL DEFIENDE SU "TRANSPARENCIA"
En una respuesta facilitada a Europa Press, fuentes de Cobre San Rafael han defendido que la empresa "es completamente transparente sobre su composición y accionistas" y que la ausencia de información en la documentación presentada se debe al cumplimiento de la Ley de Protección de Datos.

Argumentan que fueron omitidos "datos personales e información económica sensible" que sí fue trasladada a la Administración autonómica. Además, mantienen que "en esta fase" de tramitación de la declaración de impacto ambiental del proyecto, estos datos "no son relevantes o críticos".

En cuanto a las críticas de la plataforma sobre la información de las parcelas, estas fuentes sostienen que "el perímetro del proyecto minero" es de 812 hectáreas y que "la discrepancia" responde a que las fichas de las fincas "en algunos de los casos, superan ese perímetro, pero contabilizadas en su perímetro total".

Finalmente, reiteran que se trata de un "nuevo proyecto" para cuya redacción "se tuvieron en cuenta tanto los informes sectoriales emitidos en 2017 como las peticiones de las más 250 reuniones mantenidas con distintos agentes sociales" y que, según Cobre Rafael, presenta "multitud de diferencias" respecto al rechazado en 2020.

Entre ellas, señala la "adaptación al nuevo marco regulatorio, especialmente con la aprobación del nuevo Plan Hidrológico y la integración da Ley Europea de Materias Primas Estratégicas" o "mejoras" en las medidas ambientales, como "la reducción das presiones sobre las masas de agua y la protección del ZEC Ulla-Deza, al tiempo que incorpora nuevas medidas de contingencia y la mejora en la seguridad dos depósitos de estériles".

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