El decreto 11/2020: ¿Qué es y por qué ha habido una manifestación contra él?
domingo, 12 de enero de 2025, 11:41
Este sábado, 20 personas se han concentrado en la plaza Sant Jaume de Barcelona para manifestarse contra el decreto 11/2020, que impide desahuciar a personas en situación de vulnerabilidad. Convocada por la Asociación de Propietarios de Vivienda contra la Inseguridad Jurídica (APROVIJ), la protesta ha contado con la presencia de propietarios de viviendas que exigen la derogación de esta normativa. La presidenta de APROVIJ, Katy Díaz, ha criticado que "la palabra vulnerable vale más" que las escrituras de propiedad, señalando que este decreto está perjudicando el mercado del alquiler.
¿Qué es el decreto 11/2020?
El decreto 11/2020 es una normativa del Gobierno español, instaurada durante la pandemia de la covid-19 en el año 2020, cuyo objetivo principal es proteger a las personas vulnerables frente a los desahucios. Este decreto establece que no se pueden ejecutar desahucios si la persona o familia afectada se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica, sin que exista una alternativa habitacional viable.
El decreto 11/2020 dicta que, para que un desahucio sea suspendido, la persona afectada debe demostrar su situación de vulnerabilidad. Esta normativa se aplica a los arrendatarios de vivienda habitual que no pueden hacer frente al pago del alquiler debido a la pérdida de ingresos relacionada con la pandemia. Además, establece que las administraciones públicas deben ofrecer soluciones habitacionales para las personas en riesgo de perder su hogar.
El decreto fue aprobado por el Gobierno español en marzo de 2020, como una medida de emergencia para mitigar el impacto social y económico de la pandemia. Desde su instauración, ha sido prorrogado en varias ocasiones, la última de ellas en diciembre de 2024, debido a la persistencia de la crisis habitacional y económica en el país.
Beneficiarios y perjudicados
Los principales beneficiarios del decreto 11/2020 son las personas en situación de vulnerabilidad económica, que, gracias a esta normativa, pueden evitar el desahucio y mantener su vivienda habitual. También se incluyen aquellos afectados por situaciones de violencia de género o con menores a cargo, quienes tienen prioridad en la aplicación de esta medida de protección.
Entre los principales críticos del decreto se encuentran los propietarios de viviendas, quienes consideran que la normativa les deja desprotegidos ante inquilinos morosos o situaciones de ocupación ilegal. Argumentan que la imposibilidad de desahuciar afecta negativamente al mercado del alquiler, ya que muchos propietarios prefieren no poner sus viviendas en alquiler por miedo a no poder recuperarlas, lo que reduce la oferta y encarece los precios.
Desde su implementación, el decreto 11/2020 ha suscitado diversas manifestaciones y debates públicos. Los propietarios de viviendas, representados por asociaciones como APROVIJ, han organizado varias protestas a lo largo de los años, exigiendo la derogación de la norma y denunciando su impacto en el mercado inmobiliario. Estas manifestaciones se han intensificado a medida que el decreto se ha prorrogado y sus efectos se han prolongado en el tiempo.
Propuestas de modificación
Diversos grupos políticos y organizaciones han propuesto modificaciones al decreto para equilibrar la protección de los inquilinos vulnerables con los derechos de los propietarios. Algunas de las propuestas incluyen establecer un límite temporal a la suspensión de desahucios o crear fondos de compensación para los propietarios afectados.
El decreto 11/2020 se enmarca en una serie de medidas similares adoptadas por otros países durante la pandemia, con el fin de evitar una crisis habitacional. Sin embargo, su aplicación en España ha sido objeto de un debate más intenso debido a las particularidades del mercado inmobiliario y la tradición legal en el país.