La Xunta de Galicia ha implementado una modificación en la regulación de las residencias de mayores que ha generado preocupación entre el personal y los sindicatos. La nueva normativa, que entrará en vigor en los próximos días, elimina la obligación de contar con un servicio de enfermería presencial las 24 horas del día en centros con más de 40 usuarios, según se extrae de una información publicada por eldiario.es.
Nuevo sistema de ratios
La Consellería de Política Social ha introducido un sistema basado en ratios para determinar la presencia de personal de enfermería. Así, los residentes no dependientes o de grado I: 1 enfermero por cada 50 residentes. Mientras tanto, los residentes con dependencia de grado II o III: 1 enfermero por cada 30 residentes.
Aunque la Xunta asegura que todos los centros, independientemente de su tamaño, deben contar con personal de enfermería presencial, no se especifica la duración de esta presencia ni se mantiene la obligatoriedad de las 24 horas.
Justificación de la Xunta
La Consellería defiende este cambio argumentando que se busca un enfoque "centrado en la persona", adaptando las ratios a las necesidades de cuidado de los residentes. Sin embargo, no se han establecido mínimos concretos sobre las horas o momentos del día en que el personal de enfermería debe estar presente.
El sindicato CIG ha expresado su preocupación, considerando que esta modificación profundiza en la "precarización y mercantilización de los cuidados". Además, señalan que las nuevas ratios empeoran las establecidas por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales hace año y medio. También se han denunciado ausencias de personal de enfermería en turnos nocturnos, incluso en centros grandes. Por otra parte, gerocultores sin cualificación adecuada se ven obligados a asumir tareas como la administración de medicamentos. La revisión de la normativa, que ha tardado casi 30 años, no mejora la calidad del servicio según los críticos.
Es importante destacar que en Galicia, el 77,4% de las plazas en residencias son privadas, mientras que solo el 22,6% son públicas, según datos del CSIC de septiembre de 2022. Adicionalmente, se ha señalado otro problema en la gestión de las residencias: la derivación de pacientes psiquiátricos menores de 65 años a centros para mayores que carecen de personal especializado y protocolos adecuados para su atención.