Las aseguradoras privadas (DKV, ASISA y ADESLAS) que prestan asistencia a algún personal funcionario están haciendo una ofensiva que resulta irresponsable e impresentable (con el apoyo del PP y su armada mediática) para mantener el modelo MUFACE (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado: 1,5 millones de mutualistas). El sistema genera una discriminación con el conjunto de la población y una competencia desleal con la Sanidad Pública. Lo que pretenden es un incremento del 40% de los fondos que reciben del Estado con el argumento de evitar su quiebra, a pesar de que aumentaron sus beneficios en más de 10.000 millones anuales (…y solo el 17% provienen de MUFACE) gracias al incremento de los seguros complementarios que la población contrata a consecuencia de la falta de atención sanitaria, por los recortes introducidos en la Sanidad Pública en los últimos años.
 

Tratan de mantener el “Modelo de Mutualidades” centralista y obsoleto, heredero del franquismo, y que la Ley General de Sanidad declaró “a extinguir” hace 40 años. La gestión de los recursos sanitarios fue transferida a las CCAA en los 90 para “mejorar su racionalidad”, por lo que mantener MUFACE incumple la Constitución al no respetar el modelo de Estado Descentralizado.
 

Es cierto: si se cierra MUFACE se incrementaría un 2% la presión asistencial en el Sistema Sanitario del Estado. Pero si los fondos que ahora reciben las aseguradoras fuesen destinados al Sistema Sanitario, se dispondría de más recursos para atender la población. 

 

La derecha del Estado (y la derecha extrema) denuncian el colapso del Sistema Sanitario Público (y en general de los servicios públicos) y están recortando recursos allí donde gobiernan: Galicia, Andalucía, Madrid, Valencia, Canarias…menos presupuestos, menos personal, cierran centros de salud, etc.


Resulta inaceptable que algunos funcionarios sean atendidos en centros privados y mantengan privilegios respeto del resto de la población (prótesis, gafas, atención dental, etc.) y puedan cambiar al Sistema Sanitario Público cuando tengan un problema importante de salud (es de sobra conocido que los Hospitales Públicos cuentan con más recursos y prestan mejor asistencia que los privados y que éstos “no dudan” en enviarlos a la Pública sí la situación lo requiere). 

 

Sabemos que algunos sindicatos corporativos apoyan a las aseguradoras y pretenden convocar movilizaciones de protesta para mantener MUFACE...pero la realidad es que el 68% del nuevo personal funcionario elige el Sistema Público para recibir asistencia.

 

Muchas aseguradoras privadas en manos de fondos de inversión y bancos (defensores de la libre competencia empresarial) pretenden mantener las “subvenciones públicas” y una clientela garantizada.
 

Hagamos un llamamiento a las organizaciones sociales, sindicales, profesionales y partidos políticos, para apoyar el fin de MUFACE (el convenio finaliza el 31/01/2025) y que la administración responsable (Ministerio de Sanidad), dedique los fondos que reciben las aseguradoras a los Servicios Públicos de Salud. ¡Evitemos que el estado “regale” a las aseguradoras privadas dinero público!


 

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