A preguntas de los medios sobre qué cambió en cuatro años para que este proyecto pasase de ser denegado por la Xunta por motivos ambientales en 2020 a pasar a ser un proyecto industrial estratégico, Rueda ha dicho "no conocer" la documentación, pero agrega: "Lo que conozco, tengo constancia y estoy seguro fue que estuvo evaluada por técnicos absolutamentes estrictos y profesionales".

Añade sobre los técnicos que "si el algún momento tomaron una decisión y ahora toman otra, o toman en el futuro la que sea, se basa en el examen de una nueva documentación que variaría las circunstancias".

La Xunta sacó a exposición pública la pasada semana este proyecto que impulsa la sociedad Cobre San Rafael en una extensión que abarca los municipios coruñeses de Touro, O Pino y Arzúa, así como el pontevedrés de Vila de Cruces.

CONSELLO DA MINERÍA
Por otra parte, preguntado por el hecho de que la Xunta no incluya a entidades ecologistas en el Consello da Minería, Rueda ha dicho no tener información sobre el tema y se ha remitido a la consellería competente.

La pasada semana, colectivos sociales rechazaron la decisión "unilateral" de la Xunta de "excluir" a las organizaciones de defensa de la naturaleza y las comunidades de montes vecinales del Consello da Minaría de Galicia, del que forman parte desde que el órgano fue establecido en 2008.

En un comunicado, aseguran que, si bien la ley en vigor "garantiza" su presencia, la Xunta, mediante la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2025, "pretende expulsarlas definitivamente y de forma subrepticia". Las entidades sociales firmantes son: Adega, Amigas da Terra, Confraría de Pescadores de Noia, Ecoloxistas en Acción, Federación Ecoloxista Galega, Fundación Montescola, Greenpeace, Organización Galega de Comunidades de Montes, Plademar Muros-Noia, Sindicato Labrego Galego, Sociedade Galega de Historia Natural y Verdegaia. 

 

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