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Piden reunirse con los grupos parlamentarios y no descartan acciones judiciales si la ley de acompañamiento se aprueba en estos términos

Colectivos sociales rechazan la decisión "unilateral" de la Xunta de "excluir" a las organizaciones de defensa de la naturaleza y las comunidades de montes vecinales del Consello da Minaría de Galicia, del que forman parte desde que el órgano fue establecido en 2008.

En un comunicado, aseguran que, si bien la ley en vigor "garantiza" su presencia, la Xunta, mediante la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2025, "pretende expulsarlas definitivamente y de forma subrepticia".

Las entidades sociales firmantes son Adega, Amigas da Terra, Confraría de Pescadores de Noia, Ecoloxistas en Acción, Federación Ecoloxista Galega, Fundación Montescola, Greenpeace, Organización Galega de Comunidades de Montes, Plademar Muros-Noia, Sindicato Labrego Galego, Sociedade Galega de Historia Natural y Verdegaia.

A su juicio, esta medida supone "un atropello al derecho de la sociedad civil de estar informada y participar en las decisiones relativas a un sector cuyas actividades suponen un impacto innegable sobre los ecosistemas y la salud de las personas".

Consideran que se trata además de una medida "ilegal", pues "contraviene la Convención de Aarhus que regula los derechos de participación en materia ambiental y el principio de no regresividad en relación a los derechos ambientales adquiridos".

"La expulsión de los colectivos ambientales y de las comunidades de montes vecinales de un órgano consultivo del que forman parte por ley supone una medida sin precedentes en la historia de la administración autonómica, y parte de una estrategia orquestada de marginalización y deslegitimización de estos colectivos", advierten.

Esto, según aseguran, ya quedó "patente" en la denominada 'Axenda de Impulso da Minaría Sostible de Galicia 2030', que fue aprobada hace un año por la Xunta. Con aquel documento, indican que la Administración se refería "repetidamente" al 'ecologismo radical' y al 'fuerte activismo de las asociaciones ecologistas' como 'amenaza', en alusión a colectivos opuestos a proyectos como las minas de Touro, San Finx, Muras, Penouta y Doade.

Los firmantes avisan de que "la tentativa de expulsión se produce cuando el Consello da Minaría deberá informar el plan sectorial de actividades extractivas que pretende impulsar la Xunta" y "cuando se anunció un concurso de derechos mineros sin precedentes por todo el territorio gallego".

Evidencia, en su opinión, la intervención "del lobby minero" y, al contrario, entienden que el Consello "debe abrirse a la sociedad, incluyendo otros colectivos como las cofradías, organizaciones agrarias y plataformas de afectados", para "ser lo más diverso y plural posible".

"Eliminar la sociedad civil de estos espacios de participación es una práctica habitual de la Xunta y con ella se pretende debilitar el acceso a la información y el ejercicio de los derechos de la ciudadanía en un contexto donde cada vez se atenta más contra ella", critican.

RETIRADA "INMEDIATA"
En este contexto, los colectivos mencionados han solicitado reuniones con los grupos del Parlamento para demandar la retirada "inmediata" de esta medida y no descartan iniciar acciones judiciales en el caso de que finalmente se apruebe la ley en estos términos.

Añaden que esto "no frenará la resistencia y oposición social frente a este tipo de actividades destructivas y nocivas".

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