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El Defensor del Pueblo ha solicitado a las consejerías de Sanidad de todas las comunidades autónomas información para conocer cómo se coordina la actividad sanitaria con los centros de atención a la drogodependencia y reclamar que ésta, de no existir, se active.

La iniciativa surge tras tener conocimiento de los riesgos para la salud de pacientes que tienen prescrita metadona y toman, al tiempo, medicamentos tranquilizantes por indicación del profesional de Atención Primaria.

"De estos riesgos han alertado profesionales del sistema de salud mental, sociedades científicas especializadas en adicciones, así como recientes publicaciones en medios de comunicación", advierten, señalando que esta circunstancia podría deberse a la insuficiencia o la falta de integración de los sistemas de información de los centros de atención a drogodependientes y de los servicios de salud autonómicos.

La combinación de metadona y tranquilizantes puede provocar depresión respiratoria y graves afecciones de salud, incluso el fallecimiento, debido al debilitamiento de los órganos por el consumo de droga. Ante el número elevado de personas que reciben metadona en España, según datos de 2022 cerca de 44.770, "el riesgo de que sean también usuarios de tranquilizantes existe y debe evitarse".

Por ello el Defensor del Pueblo ha solicitado información sobre fallecimientos causados por la mezcla de metadona y tranquilizantes en los últimos 5 años; y si los facultativos del servicio público de salud tienen acceso a la información sobre prescripción de metadona de sus pacientes efectuado en centros de atención a los drogodependientes.

Además, pide conocer si los facultativos de los centros de atención a drogodependientes tienen acceso a la historia clínica del servicio autonómico de salud; y qué actuaciones están implementando o tienen previsto llevar a cabo para facilitar el acceso a los profesionales sanitarios a las respectivas historias clínicas.

Asimismo, ha solicitado a las consejerías sanitarias que le informen de las medidas de coordinación han implementado o van a implementar entre administraciones y entidades responsables de los centros de atención a drogodependientes en sus comunidades, sean éstos públicos o no.

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