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Propone una ley que reconozca el estatuto de víctima de abuso sexual en el ámbito eclesial

La Unidad de Atención a Víctimas del Defensor del Pueblo ha recibido en el último año 188 nuevos testimonios de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia considerados válidos, por lo que la cifra se eleva a 674. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha alentado a los parlamentarios a adoptar "medidas concretas", a trabajar para que Iglesia y Estado lleguen a un acuerdo para compensar económicamente a las víctimas y ha propuesto pensar en algún tipo de ley que reconozca el estatuto de víctima de abuso sexual en el ámbito de la Iglesia.

Así lo ha apuntado el Defensor del Pueblo este martes durante la presentación del 'Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos', ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado), un año después de que entregara el informe a la presidenta del Congreso, Francina Armengol (el 27 de octubre de 2023) y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (el 2 de noviembre de ese mismo año).

De los datos actualizados se desprende que el 83,5% del total de las víctimas (un total de 564) son hombres y un 16,3% (110), mujeres. Por edad, la mayoría de las víctimas (264) tenía entre 50 y 65 años en el momento de la entrevista, seguidas por las de 65 a 75 años (180).

En cuanto a la década en que sucedieron los hechos, el 31% de los casos sucedieron en la década de 1970; un 27,4%, en la década de 1960 y un 20,1%, en 1980. Asimismo, un total de 35 casos recogidos por el Defensor del Pueblo sucedieron desde el año 2000, 10 de ellos, en la década de 2010, según la institución. Un 97,2% de las víctimas habría sufrido los abusos siendo menor de edad.

Gabilondo ha reconocido alguno de los últimos pasos dados por la Iglesia católica, como el Plan PRIVA, y ha destacado que la Iglesia "ha pasado de minimizar" el problema diciendo que son "manzanas podridas" a un "implícito y progresivo reconocimiento de los hechos". Entre las diferentes respuestas de la Iglesia, ha puesto en valor la "extraordinaria" colaboración de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) y, en cuanto a los obispos, ha dicho que han recibido "contestación de todos" pero "respuestas no exactamente de todos porque algunos lo que han hecho es reñir" a la institución.

El Defensor del Pueblo ha advertido de que este "grave problema" de los abusos ha sido posible durante décadas por el mantenimiento del "silencio" y ha precisado que ahora se puede decir que "se ha roto el silencio" gracias, sobre todo, al "esfuerzo de tantas víctimas" que han contado sus testimonios.

En cuanto a las recomendaciones, Gabilondo ha destacado, entre otras, la necesidad del "desarrollo legal de una forma de acreditar el estatuto de víctima de esta violencia sexual específica". Así, tras pedir "respeto" para todas las víctimas, las de terrorismo, las de abuso sexual o las de violencia de género, ha propuesto que, igual que "hay legislaciones sobre víctimas del terrorismo, con mucha razón" o sobre víctimas de violencia machista, igual se debería "pensar en algún tipo de ley que establezca el estatuto, qué significa ser una víctima de abuso sexual en el ámbito de la Iglesia".

Entre las 24 recomendaciones, también propone celebrar un acto público de reconocimiento o crear un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas, algo de lo que, según ha indicado, la Iglesia "no ha de mantenerse al margen".

COLABORACIÓN IGLESIA-ESTADO PARA COMPENSAR A LAS VÍCTIMAS
En este sentido, el Defensor del Pueblo ha reclamado a los parlamentarios que trabajen para que se produzca una colaboración entre Iglesia y Estado para compensar económicamente a las víctimas. "Yo creo, en mi ingenuidad, que la Iglesia y el Estado en este punto deben colaborar, lo digo por las víctimas, por ellas, porque es una urgencia que reciban una cantidad", ha enfatizado.

Asimismo, Gabilondo ha lamentado que se han detectado "importantes deficiencias" en lo que tiene que ver con los derechos de las víctimas en los procedimientos de derecho canónico, ya que "hasta el momento no han sido ni son parte del proceso penal canónico, más allá de su posible participación en una investigación previa".

Además, ha recordado, citando la encuesta encargada a GAD3, que un 0,6% de la población española dice haber sufrido agresiones sexuales por un sacerdote o religioso católico, y que un 1,13% ha sufrido abusos sexuales en el ámbito religioso.

Gabilondo ha precisado que con este informe no se pretende "dejar zanjada la cuestión", sino precisamente "subrayar que está pendiente" dar una respuesta a "una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido de una u otra forma cubierta por un injusto silencio". Por ello, ha subrayado que "es la hora del Parlamento".

Durante el turno de portavoces, el diputado del PSOE Herminio Rufino Sancho ha asegurado que "en todo momento" el Gobierno "se ha preocupado por las víctimas" y ha recordado que Pedro Sánchez expresó el pasado viernes al Papa su voluntad de "llegar a un acuerdo con la Iglesia católica". Además, el senador socialista José María Oleaga ha dicho que el objetivo es "resarcir" a las víctimas y que "no vuelva a suceder una ignominia como esta".

Por parte del Partido Popular, la diputada Carmen Navarro ha indicado que era "pertinente y necesario" investigar los casos de abusos cometidos por sacerdotes y religiosos pero ha puntualizado que hubiera sido "oportuno" no solo "delimitar" el estudio "al ámbito de la Iglesia" pues "el 49,5% de los abusos se produce en entorno familiar. A su juicio, investigar unos abusos sí y "otros no", lanza la idea de que el resto de los abusos y víctimas tienen "menor importancia para la sociedad española".

Mientras, desde VOX, el diputado Ignacio Hoces ha calificado de "monstruosidad" los casos de abusos sexuales a menores y ha pedido las "penas más duras" para los agresores pero ha criticado que con la encomienda de este informe a Gabilondo, el Gobierno "intenta hacer del Defensor del Pueblo, un juez".

Por parte de EH Bildu, la diputada Isabel Pozueta ha opinado que la compensación económica a las víctimas debe ser asumida "íntegramente por la Iglesia", por ejemplo, "vendiendo propiedades"; ha reclamado una especial atención a la situación de las víctimas con discapacidad y ha abogado por una "educación sexual integral" para abordar la prevención.

También el senador del PNV Igotz López considera que "la Iglesia tiene suficientes recursos", de la declaración de la renta "y del despojo inmobiliario que han venido practicando con las inmatriculaciones", como para asumir las indemnizaciones y ha pedido un "gran acuerdo de todas las fuerzas políticas para garantizar la reparación de las víctimas".

NO ES UN DEBATE ENTRE CREYENTES Y NO CREYENTES
Ante las críticas de PP y VOX, Gabilondo les ha aclarado que este "no es un debate entre creyentes y no creyentes" y ha defendido que ha realizado este informe enfocado en el ámbito de la Iglesia católica porque así se lo encomendaron.

Además, ha precisado que la Iglesia "no es una institución cualquiera" sino que se le exige "un modo de proceder ejemplar" al ser "una referencia absoluta para toda la sociedad". "¿Es lo mismo que sea un clérigo el que ha abusado de ti que un profesor de gimnasia? Yo creo que no es lo mismo, porque se le pide una especial ejemplaridad", ha insistido.

Asimismo, ha afeado la querella que presentó Vox contra su persona acusándole de "prevaricación, malversación" y provocación al "odio", que fue archivada, y ha animado a los senadores y diputados a que, si lo consideran oportuno, hagan "una votación" para pedir que el Defensor del Pueblo realice "un estudio sobre todos los abusos infantiles", no solo en la Iglesia, aunque ha reconocido que les llevará "un poco más de tiempo y no será fácil hacerlo".

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