Archivo - La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero

 

Resulta llamativo escuchar a los diferentes líderes políticos autonómicos a la hora de describir la situación fiscal de su comunidad. Sean de la comunidad que sean (Galicia, Catalunya, Pais Valenciá, Andalucía, Madrid.....), todos, excepto los de País Vasco y Navarra que tienen el cupo, afirman que con el actual sistema de financiación sus comunidades acumulan déficits anuales a la hora de cubrir los servicios básicos. Todas coinciden en subrayar que están subfinanciadas y para demostrarlo utilizan las llamadas balanzas fiscales que, por lo que se ve, cada cuál las interpreta de diferente manera para así poder justificar lo injusto de la brecha existente.


 

Una interpretación diferente porque resulta imposible hacer cálculos fiscales objetivos y adecuados sobre a quién realmente beneficia, o perjudica, lo que el Estado gasta y lo que ingresa en una Comunidad Autónoma. He ahí que tales balanzas presenten resultados diferentes según quien haga el cálculo.


 

Pongámonos en el caso de Galicia y pensemos en gastos relevantes del Estado en la Comunidad como, por caso, en grandes infraestructuras viarias y portuarias o incluso podría decir en departamentos ministeriales y otros órganos del estado de derecho. Pues bien, de este tipo de gasto solo se beneficia Galicia, sus ciudadanos y sus empresas? No se benefician también los que la visitan?, por caso, los turistas que llegan a Compostela, se benefician? Tengamos en cuenta, algo que explicaré a continuación, que somos los ciudadanos, no los territorios, quienes pagamos los impuestos que ingresa el Estado y que le permiten afrontar los gastos en el territorio autonómico.


 

En relación con lo anterior otra crítica que también se puede hacer al uso de las balanzas fiscales parte del diferente sistema de cálculo que se suele usar la hora de hacer los balances. Diferencia que parte de que mientras el gasto de la Administración Central en las Comunidades Autónomas se fija en proporción a la población, la contribución de estas a aquella se hace en proporción a la renta: una autonomía paga por renta y percibe por población. En Galicia se debería tener muy en cuenta este matiz. He ahí algunas de las razones de la crítica a utilizar las balanzas fiscales para justificar las necesidades financieras de una comunidad autónoma.


 

Esta visión de las balanzas fiscales no es contradictoria con el reconocimiento de que pueden formar parte de un necesario debate más amplio sobre la organización territorial del Estado español. Un debate muy político pero con excesiva frecuencia muy crispado que en su trasfondo esconde un indiscutible descontento con el reparto de las cargas y los beneficios públicos. Descontento que es aprovechado con fines electorales como estamos viendo en la actualidad.


 

En este marco hace falta volver a los argumentos iniciales sobre las balanzas fiscales para finalmente afirmar: 1. A día de hoy no es posible elaborar balanzas fiscales objetivas y fiables, 2. No obstante resulta indiscutible la existencia de desigualdades, iniquidades territoriales, y 3. El llamado “maltrato fiscal” de existir no está precisamente en las autonomías mas desarrolladas.

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