La valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, ha apelado a los grupos políticos a tomar más en cuenta a las personas que "están en los márgenes" y que necesitan la mayor igualdad que "prometen las leyes" antidiscriminatorias, las políticas públicas y los movimientos sociales.

"Tomarlas en cuenta equilibra la lucha por la igualdad para las personas y los colectivos con mayor necesidad de igualdad. Vuelve a situarlos en el centro de las políticas públicas, crea alianzas y estrategias comunes entre movimientos sociales y ayuda a la igualdad", ha sostenido.

Todo ello en una comparecencia en la que ha incidido en muchas ocasiones las causas de la discriminación suelen manifestarse de forma acumulativa, como puede ser el caso de una mujer, migrante y con discapacidad.

Fernández Galiño ha lanzado este mensaje al término de su intervención en el pleno del Parlamento de Galicia, en el que ha desgranado algunos de los detalles del informe de actuación de la institución correspondiente al año 2023, en el que la defensoría gallega realizó un total de 25.227 actuaciones relacionadas con otras tantas personas que acudieron a la valedoría.

En este ejercicio, según ha indicado, se registraron un total de 16.417 expedientes de quejas --3.737 si se sacan las quejas colectivas--. Además, se incrementaron en un 29% las resoluciones, al pasar de 503 en 2022 a 649.

La valedora do Pobo ha detallado, asimismo, que las áreas de la institución con más actividad fueron la sanidad, con 22,11% de total; el empleo público y el trabajo, un 12,09%; así como la inclusión social, un 10,02%.

INTERVENCIÓN DE LOS GRUPOS
El primero en intervenir tras la valedora ha sido el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, quien ha aprovechado para lanzar una reflexión sobre el uso de los recursos de esta institución que, en su opinión, debe velar por las personas con más necesidades. Así, ha calificado de "un poco sangrante" que los grupos políticos acudan a esta institución a presentar sus protestas cuando tienen sus propios recursos para transmitir estas quejas.

Tras la intervención del parlamentario ourensano ha tomado la palabra la socialista Paloma Castro, quien ha considerado que el informe presentado este martes en la Cámara gallega "ejemplifica perfectamente las carencias de gestión" de los últimos 15 años de gobierno del PP.

Además, ha advertido que la inmensa mayoría de las quejas presentadas corresponden a la atención sanitaria --45,58 por ciento-- y políticas sociales --12,47% por ciento--.

Por su parte, el diputado del BNG Óscar Ínsua ha sostenido que la conclusión, tras leer el informe del alto comisionado gallego, es que "Galicia no funciona, mal que le pese a Rueda".

El nacionalista ha lamentado que Fernández Galiño no aprovechase su intervención en la Cámara para abordar al detalle el asunto que protagoniza más actuaciones de la institución, como es la sanidad pública. Además, ha considerado necesario que el grupo que propuso a la actual valedora le haga "un poco más de caso" y "haga efectivas sus recomendaciones y sugerencias".

"Y si cree que nada más se puede hacer en la valedoría do Pobo para ser más eficaz en la defensa de los intereses de los gallegos y gallegas, siempre le queda volver a coger la espada y la balanza con la venda en los ojos para otorgar derechos", ha dicho en referencia a la profesión de magistrad de Fernández Galiño.

Por último ha tomado la palabra la popular Paula Prado, quien ha dicho que en el informe correspondiente al año 2023 la defensoría gallega vuelve a ser fiel a su mandato de velar por los derechos de los gallegos y de fiscalizar la actuación de la administración autonómica.

"Las preocupaciones de los gallegos por suerte son también las ocupaciones del Gobierno gallego, porque frente a la izquierda del no, del catastrofrismo injustificado y la búsqueda permanente de rédito político a cualquier precio, para nosotros, para el PPdeG, las preocupaciones de los gallegos y de las gallegas son nuestra ocupación y la motivación del gobeirno presidido por Alfonso Rueda", ha manifestado.

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