Santiago de Compostela ha recibido este jueves a decenas de profesionales del derecho concursal que se han dado cita en la capital gallega con motivo de una nueva edición del Encuentro en Galicia de Profesionales del Derecho Concursal. Van ya casi dos décadas de trayectoria de este evento que esta semana desarrolla su XVIII Edición, donde el colectivo trata de poner en valor todas esas herramientas preconcursales y concursales tan necesarias en un momento de incertidumbre financiera como el actual.
Expertos en distintos campos han participado en esta cita que ha contado con, entre otros, Diego Calvo conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta de Galicia, Miguel Romero Sánchez, presidente del REFOR Economistas Forenses, Miguel A. Vázquez Taín, presidente del Consello Galego de Economistas, o Ramón Juega Cuesta, codirector del encuentro.
La sociedad y el entorno empresarial han sido mirados con lupa por los asistentes a este foro, donde se ha reivindicado el papel de estos profesionales que tienen un valor mucho mayor "de lo que el ciudadano suele pensar", por lo que consideran necesaria una mayor divulgación de este cometido para un mayor reconocimiento. Mecanismos como la Ley de Segunda Oportunidad son todavía hoy grandes desconocidos para el gran público, pese a que puede ser la solución para aliviar las cargas de muchas personas sobreendeudadas.
Entre otras cuestiones, en esta ocasión se ha llamado la atención por la necesidad de contar con una nueva regulación de acceso y funcionamiento de la administración concursal, que todavía no ha sido aprobada pese a los intentos realizados. En esa línea, el asesor de planta del Ministerio de Justicia, Rafael Abril, considera que las leyes "no pueden estar elaboradas sólo por técnicos, requiriendo un mayor grado de compromiso del poder legislativo y de los agentes políticos para impulsar su aprobación".
Por otra banda, la letrada Olgar Forner y la economísta Bárbara Pitarque han debatido sobre los requisitos de acceso a la profesión, con las titulaciones y formaciones exigibles, demandando a su vez unos honorarios dignos para el colectivo.