UGT, CC.OO. y Anpe llevarán a la Xunta ante la justicia por el incumplimiento del acuerdo educativo firmado el curso pasado
viernes, 27 de septiembre de 2024, 14:15
El pasado curso una minoría sindical -CC.OO., UGT y Anpe, en un contexto en el que la CIG tiene la mayoría de representantes-, firmaron un acuerdo con la Xunta con el fin de mejorar el sistema educativo.
Solo un curso después, el documento parece haber quedado en papel mojado y los sindicatos valoran denunciar a la Consellería de Educación por su incumplimiento al calcular que faltan 400 docentes.
CC.OO., Anpe y UGT llevarán a la justicia lo que consideran una "inadecuada aplicación" del acuerdo con la Xunta por la que calculan que faltan 400 profesores al inicio de este curso escolar.
Así lo han anunciado en rueda de prensa en la que han hecho una valoración positiva del acuerdo, algo que "no esconde", según denuncian, que "la consellería está haciendo una inadecuada aplicación del acuerdo en muchos centros".
"Si se aplicase el acuerdo adecuadamente, y no de forma progresiva, habría 282 aulas más y hasta 396 docentes más, que se sumarían a los 556 que se incrementaron desde el anterior curso", advierten.
En paralelo, estas organizaciones reclamarán a la valedora do Pobo la aplicación del acuerdo con base también en "documentación oficial" que respalda, dicen, sus tesis. "Queda muy claro que no hay ninguna progresividad en este acuerdo", inciden.
Por eso, "a día de hoy" tienen "trabajando a los servicios jurídicos para que en breve, si no hay un cambio de rumbo", judicializar el conflicto, en concreto ante un juzgado de lo contencioso-administrativo.
"Lo que no vamos a hacer es que este acuerdo tan importante decaiga", avisan. "La pelota está en el tejado de la Xunta", remarcan, en referencia a la solicitud "urgente" de reunión que cursaron tanto al presidente de la Xunta como al conselleiro de Educación el pasado 14 de septiembre.
EL BALANCE
Por parte de UGT, Sandra Montero ha trasladado el "balance positivo" que hacen estos sindicatos de la aplicación del acuerdo, puesto que por un lado "se termina la sangría de supresiones de aulas, sobre todo en el ámbito rural" --en concreto estiman que evita la supresión de 204 aulas y de 300 puestos de trabajo-- y por otro el número de docentes en activo se incrementa respecto al último curso en 556 docentes, según sus números.
Todo ello "en un contexto que no es favorable de crisis demográfica", lo que se traduce en que "hay muchos menos alumnos que el año pasado", un descenso que cifran en casi 3.000 alumnos este curso.
LAS "DISFUNCIONES"
En su turno, Borja Campos, de CC.OO., ha criticado a la Xunta que "en vez de hacerlo de forma total este curso, quiere aplicar con progresividad", en concreto, dos aspectos del acuerdo.
Según el estudio realizado por las organizaciones, el acuerdo "se cumple escrupulosamente" en el 82% de los centros y "la inadecuada aplicación del mismo ocurre en un 18%".
Las principales "disfunciones" las detectan con respecto a las ratios de aulas que escolarizan alumnado de diferentes niveles, ciclos y etapas (110 centros) y en relación al cómputo doble o triple de alumnado con discapacidad y dependencia o trastornos graves de conducta (67 centros).
En algunos centros, de acuerdo con el estudio de los sindicatos, "de aplicarse de forma adecuada, el incremento de profesorado sería de hasta cuatro o más docentes".
HOJA DE RUTA
Por parte de Anpe, Julio Díaz ha referido la "hoja de ruta" de estos sindicatos con respecto a un acuerdo que "no debe de ser tan malo" cuando otros no firmantes "están pidiendo que se aplique".
A la espera de una respuesta para reunirse con el presidente de la Xunta y el titular de Educación, si esta "no es inmediata", irán al Valedor do Pobo y también ultiman una "demanda de incumplimiento por parte de la administración" que llevarán a los juzgados "para que dirima si está o no en la correcta aplicación".
A mayores, este representante ha apuntado a la existencia de otra "cuestión pendiente" relativa a la reducción de jornada del profesorado, que "afecta a primaria y secundaria".
Aunque no descartan movilizaciones, tienen "muy claro" que, ante una situación "enconada", es preciso que "venga aquí un juez y diga: 'Mire, usted firmó un acuerdo que tiene que cumplir". "Lo que les va a afectar es que un juez lo diga", resuelven, ante lo que, concluyen, "realmente es una discrepancia en la interpretación".