Resulta sorprendente la vara de medir que usan las derechas españolas (PP, Vox) a la hora de definir la democracia. Sencillamente se resume en que democrático es aquello que les favorece y/o que perjudica a sus rivales de las izquierdas, en este caso al gobierno de progreso (PSOE/Sumar). Viene siendo así desde siempre e incluso ahora con la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones venezolanas, aunque esté pendiente de confirmación por falta de revisión de las actas, no quieren desaprovechar la ocasión para atacar a las izquierdas. No importa que, hoy por hoy, sea imposible verificar el auténtico resultado de las votaciones, estas derechas ya dictaron sentencia porque, según parece, tienen información de primera mano que les confirma la victoria de la oposición. ¿Cómo consiguieron esa información que, por otra parte, nadie tiene? ¿Cómo están tan seguros de la derrota de Nicolás Maduro y de la victoria de la oposición? ¿Cómo se les ocurre pedir que las Cortes españolas reconozcan como nuevo presidente venezolano a Edmundo González? ¿Cuál es la legitimación y el derecho internacional que avala esa petición? ¿No recuerdan del ridículo que hizo la Unión Europea con Juan Guaido? ¿Tampoco se acuerdan de cuando, en su día, el PP apoyó el frustrado “carmonazo” (intento de golpe de estado contra Hugo Chavez por parte de Carmona Estanga el 11 de abril de 2002)? Una batalla trasladada por la derecha extrema al Parlamento Europeo que se encuentra dividido en torno a este asunto pero que viene de aprobar una propuesta presentada por los populares europeos, con el apoyo de la ultraderecha, de reconocimiento “simbólico” de Eduardo Gonzalez como presidente de Venezuela: un nuevo ridículo de aquel que no tapa sus vergüenzas.

 

La auténtica realidad es que las derechas españolas (PP, Vox) tienen un concepto muy particular de la democracia y de los derechos humanos. Un concepto que nos lleva a afirmar que aquellas no están legitimadas para criticar al actual régimen venezolano a pesar de los grandes errores y déficits democráticos del mismo. No están legitimadas porque su justificación de defender la democracia y el bienestar en Venezuela no resulta creíble al mantener una doble vara de medir con la democracia de un régimen. Un sectarismo que queda en evidencia con su clamoroso silencio ante las violaciones de los derechos humanos cometidas tanto en el Magreb (Marruecos, Libia, Túnez) como en Oriente Próximo (Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Catar), sus respuestas incoherentes a los crímenes de lesa humanidad cometidos por Israel en los territorios palestinos ocupados, o su desigual comportamiento frente a los que huyen de las guerras según vengan de Ucrania o de Afganistán y Siria. 

 

Con esta estrategia las derechas españolas cometen un triple error político: 1. Realizar una intromisión partidista en los asuntos internos de un país soberano, 2. Alimentar la confrontación (“echar gasolina al fuego”) en un país ya tensado y 3. Rozar el delirio al acusar al gobierno español de implicarse en un golpe de estado en Venezuela.


 

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