La Xunta reforzará la coordinación entre el Instituto de Medicina Legal (Imelga) y las Oficinas de Asistencia a Víctimas para incrementar la protección de las víctimas de delitos de este tipo.

Para ello, la Xunta puso en marcha un protocolo. La colaboración se centra en la práctica de la prueba preconstituída y tiene como objetivo armonizar y evitar solapamientos en las funciones periciales y asistenciales que prestan los profesionales de estos centros, estableciendo pautas de guía para prevenir la revictimización.

La prueba preconstituida es la que se realiza antes de que se inicie un juicio y, con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2021, se establece como norma general en el caso de víctimas especialmente vulnerables, como menores o personas con discapacidad, además de permitirse cuando las circunstancias de la víctima y la gravedad de los hechos lo aconsejen.

"Esta práctica en la fase de instrucción y su reproducción en el acto del juicio evita que el lapso temporal entre la primera declaración y la fecha del juicio oral afecte a la calidad del relato, así como las segundas victimizaciones", expone.

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