Lobbies y puertas giratorias: Europa insta al Gobierno a regularlos
jueves, 25 de julio de 2024, 12:26
La Comisión Europea ha instado al Gobierno español a acelerar la aprobación de la ley sobre los grupos de interés -o 'lobbies'-, que también regula las transiciones del sector público al privado de figuras políticas, conocidas como "puertas giratorias". Este marco normativo, que forma parte del Plan de Recuperación de España, aún no ha completado su trámite legislativo. Ahora, Bruselas lo ha incluido como una de sus recomendaciones para el país en su informe sobre el estado de derecho.
El informe de la Comisión también menciona los avances en relación con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y hace referencia al dictamen de la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía.
No obstante, respecto a los grupos de interés, la Comisión hace hincapié en que es algo que estaba pendiente en el informe de 2023 y un ámbito en el cual no ha habido avances, por lo que ha instado a dar un paso adelante.
También es primordial registrar los lobbies, ya que definiría los destinos profesionales a los que los políticos no podrían acceder después de abandonar un puesto público. De acuerdo con la referencia del Consejo de Ministros del 8 de diciembre de 2022, "los políticos no podrán trabajar para lobbies que formen parte del Registro de Grupos de Interés cuando finalicen su actividad pública".
Además, la inscripción en este registro sería una condición indispensable para mantener reuniones con miembros de la administración pública. Asimismo, sería obligatorio verificar que aquellos con los que se reúnan estén registrados.
La ley también propone aumentar la “huella legislativa”, un informe que detallará la identidad de los empleados públicos que hayan estado en contacto con grupos de interés, las contribuciones o comentarios realizados, así como la fecha y finalidad de los encuentros o comunicaciones, por lo que se tendría que documentar cada reunión.
En caso de incumplimiento, se establecería un régimen sancionador para los lobbies, que podría suponer su expulsión del registro de grupos de interés por hasta tres años, impidiéndoles participar en la elaboración de normas o influir en su desarrollo.
En resumen, se busca darle más transparencia al proceso legislativo y limitar la influencia de los grupos de interés en la creación de normas mediante reuniones. Además, se pretende evitar que altos cargos de la administración terminen trabajando para grupos de interés tras haber legislado en su favor.
El Gobierno se comprometió a retomar el proceso para aprobar la norma en el primer trimestre de 2024, pero de momento sigue estancada.