Afouteza, paciencia y más de una explicación le hará falta al Celta de Vigo para explicar a los aficionados y vecinos de Mos el revuelo que sigue generando la construcción de la Cidade Deportiva Afouteza en esta localidad pontevedresa, una infraestructura declarada ya ilegal por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Ahora, es la Xunta la que se ve implicada en la ristra de denuncias que rodean a este caso, más concretamente el secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, denunciado ante Fiscalía por Ecoloxistas en Acción, que lo acusa de "ocultar información pública".
Desde la plataforma afirman que la Xunta negó acceso a una copia del informe de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil respecto a la declaración de Proyecto de Interés Autonómico -fórmula usada por la administración gallega para sortear las sanciones judiciales- al proyecto 'Galicia Sport 360', piedra angular del futuro económico del Celta de Vigo y del propio Ejecutivo gallego. En ese sentido, censuran que pese a formular la solicitud bajo registro, "de conformidad con el derecho de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembrem de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y del artículo 26 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno (LTAIBG)".
A renglón seguido, señalan directamente a Lete Lasa como responsable de que en febrero pasado se "inadmitiese la solicitud de acceso a la información pública". "Ecoloxistas en Acción Galicia entiende que la resolución del Secretario General para el Deporte resulta absolutamente arbitraria, contraria al derecho, a todas luces, teniendo cómo única motivación poner impedimento en el acceso a la información a esta Asociación dado su activismo, molesto para los promotores del PIA y las administraciones cómplices", reprende el colectivo.
El portavoz de Ecoloxistas en Acción, Eloy Pérez, denuncian que Lete Lasa "esconda a propósito" una información crucial para "la defensa ambiental de los montes comunales de Mos" mientras el propio secretario xeral promueve un mecanismo "para poder expropiar terreno forestal de especial protección".
"Ecoloxistas en Acción cree que los hechos pueden integrar un delito de prevaricación del art. 404 del Código penal, y, por eso, solicitaron a la Fiscalía que abra diligencias y que estime si los documentos aportados son indiciarios de la comisión de un delito o de algún otro tipo de responsabilidad", concluye el comunicado.