Rafael Louzán se siente víctima de una "persecución política"
miércoles, 13 de julio de 2016, 18:49
El expresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, ha calificado de "persecución política" la petición de un año de cárcel por parte de la Fiscalía por el caso del supuesto sobreprecio que el diputado provincial Severino Reguera pagaba por el alquiler de varios locales comerciales propiedad de Louzán para que éste favoreciese su carrera política.
En declaraciones al término de un acto de la Federación Galega de Fútbol (FGF) de la que es presidente, Louzán ha emplazado a la próxima semana, cuando sus abogados rebatan la petición de la Fiscalía, y ha anunciado que responderá de forma "contundente" a las acusaciones.
La Fiscalía de Pontevedra pide un año de cárcel para el expresidente de la Diputación de Pontevedra por un delito de cohecho. Louzán está acusado de percibir sobreprecios en el alquiler de varios bajos comerciales en Vigo con el objetivo de favorecer la carrera política del edil de Pazós de Borbén (Pontevedra) Severino Reguera, que también era diputado provincial.
"Esto es una cuestión de persecución política y se irá comprobando con el tiempo de que no hay ningun dato ni documentación que lo acredite", ha afirmado, al tiempo que ha añadido que "todo son una serie de conjeturas que hace el fiscal. "Y de conjeturas no se puede vivir", ha espetado.
El popular, que dió un paso atrás al renunciar al acta de concejal en Ribadumia el pasado mes de marzo luego de perder la presidencia de la Diputación en junio de 2015, ha asegurado que tiene en su poder "un montón de documentos" que prueban su inocencia.
CUESTIÓN "PURAMENTE PERSONAL"
Estos documentos ya han sido "aportados" al Juzgado de Cambados que instruye el caso, entre los que se incluyen, según Louzán, "contratos de la misma fecha, de superficies parecidas y del mismo fin" que prueban que Reguera no pagó un sobreprecio por los locales.
Asimismo, ha indicado que es una cuestión "puramente personal" de unos inmuebles comprados "hace diez años" a "una cooperativa, no a un constructor" a través de "una hipoteca" que "todavía" está pagando y ha añadido que "ningún testigo" llamado a declarar en el caso "ha dado pábulo" a las acusaciones de cohecho.