Desde hace ya demasiado tiempo, o quizás desde siempre, los políticos y los jueces están a la greña. ¿Es una lucha de poder, o quizás de controlar el poder? Lo cierto es que eso que se llama separación de poderes que marca la Constitución, como en muchos otros ejemplos, no se cumple, es papel mojado, por todas las partes. Los tres poderes que emana del pueblo: legislativo, ejecutivo y judicial, cada uno cumple un papel perfectamente definido su ámbito de actuación, ¿pero se cumple? No. Decía Montesquieu que “para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder”.
El poder ejecutivo y buena parte del poder judicial se tiran los tratos, poniendo en entredicho la separación de poderes y la independencia de los jueces. Se dice que hay más jueces de derechas que de izquierdas , que la interpretación de las leyes siguiendo su ideología, es diferente. Casos hay, en ambos lados. Las discrepancias siguen a día de hoy más si cabe: la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que después de cinco años continuan sin ponerse de acuerdo PSOE y PP. Pero eso no queda ahí, los juicios a políticos también han sido objeto de crítica, en las que se han visto implicados formaciones de todos los colores, especialmente PP y PSOE. Más tarde los casos de corrupción de CDC, y un largo etc de políticos implicados . Los jueces que han llevado estos juicios han sido objeto de críticas aplicando la vertiente ideológica a las condenas de sus protagonistas. Por eso la situación se ha ido degradando progresivamente. En la actualidad, los casos de los indultos y especialmente la posible amnistía a los implicados en el caso del procés se está volviendo más “efervescente”.
El ejemplo lo tenemos ahora con el Juez García Castellón, que sigue con sus pleitos con los implicados. Eso de la amnistía no va con él ycontinua adelante con los casos que tiene en sus manos. Ahora el juez pretende sumar un nuevo nombre a esa lista del 'Tsunami Democrátic'. Manuel García Castellón insiste en el presunto delito de terrorismo que afectaría a Carles Puigdemont en la causa sobre Tsunami Democràtic. La ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera, realizaba unas declraciones en la afirmba que el magistrado demuestra una "cierta querencia" a pronunciarse en "momentos políticos sensibles", seguía con su declaración :"Yo sería muy cauta con respecto a la manera en la que se estaba pronunciando este juez, que como digo nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección, que evidentemente tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos políticos sensibles", Estas afirmaciones han causado revuelo , el PP pide explicaciones al Gobierno y además quiere que Pedro Sánchez cese de su cargo a Ribera. Mientras, Moncloa intentaba matizar las declaraciones de la ministra. Las manifestaciones a favor y encontra se han multiplicado a banda y banda de los partidos, mientras el CGPJ da su apoyo al juez. Lo evidente es que la situación entre los poderes se ha tensado más aún, y los bandos en la política y en la judicatura se agrava.
Lo que es evidente que, si el Gobierno considera que la justicia no funciona, pues en lugar de hacer tantas declaraciones tendría que llevar al Congreso cambios, legislar o también denunciarlo en las instancias que considere oportunas. Lo que está ocurriendo puede entenderse como que España se ha convertido en un estado fallido, ¿ eso es cierto? Lo evidente es que estamos dando una imagen dentro y fuera más que penosa. Hay que hablar menos y trabajar más. “La libertad consiste en poder hacer lo que se debe hacer” afirmaba Montesquieu.